El Ayuntamiento de Vic (Junts) ha vuelto a cruzar la línea que separa la gestión municipal del activismo ideológico. Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el contrato de servicios de desratización y control de plagas de la ciudad. El motivo es la imposición de un modelo lingüístico obligatorio que vulnera la neutralidad institucional y la libre concurrencia.
La entidad denuncia que el pliego de condiciones no busca garantizar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán. Por el contrario, impone esta lengua como la única obligatoria «por defecto» en todas las comunicaciones del servicio. Este diseño relega el castellano, lengua oficial del Estado y de millones de catalanes, a una posición totalmente subordinada y reactiva en la esfera pública.
La contratación pública es una herramienta para obtener eficiencia, no un instrumento de ingeniería social encubierta. Imponer obligaciones lingüísticas generales a empresas privadas ajenas al objeto del contrato es un exceso administrativo flagrante. En este caso, se pretende que los exterminadores de plagas actúen como agentes de normalización lingüística bajo mandato municipal.
CCC recuerda que la administración debe regirse por los principios de igualdad y neutralidad en sus licitaciones. La finalidad de un contrato de desratización es limpiar las calles, no disciplinar el idioma de los trabajadores o de las empresas subcontratistas. Trasladar estas obligaciones ideológicas a los operadores privados distorsiona gravemente el mercado y la seguridad jurídica.
El punto más polémico reside en la cláusula que obliga a usar el catalán de forma predeterminada con los ciudadanos. No es una recomendación de cortesía, sino una regla de funcionamiento que excluye el uso normal del castellano desde el inicio del contacto. Así, cualquier otra opción lingüística queda supeditada a una petición expresa y excepcional por parte del vecino afectado.
Esta imposición no afecta únicamente al adjudicatario principal, sino que se extiende en cascada a todos sus subcontratistas. Afecta a la rotulación de los vehículos, a la documentación entregada y a los avisos públicos en las calles. Este tipo de barreras organizativas suponen un coste adicional que desincentiva la participación de empresas que no están localmente implantadas.
Además, el consistorio de Vic ha blindado la prevalencia de la versión catalana del contrato sobre cualquier otra lengua. En caso de discrepancia jurídica en la interpretación de las cláusulas, el catalán tendrá primacía normativa sobre el castellano. Esta medida confirma la voluntad de establecer una jerarquía idiomática incompatible con el principio constitucional de cooficialidad.
Ante la gravedad de estas cláusulas, Convivencia Cívica ha solicitado la suspensión cautelar del procedimiento de licitación. Se busca evitar hechos consumados que impidan a las empresas competir en igualdad de condiciones antes de que un juez se pronuncie. Permitir que el proceso avance bajo estas premisas vaciaría de contenido el control judicial posterior sobre la legalidad del pliego.
Desde CCC advierten que no se cuestiona el uso del catalán, sino su imposición excluyente como norma obligatoria. La neutralidad y la libertad deben regir también en servicios tan cotidianos y técnicos como el control de plagas. La izquierda independentista utiliza la burocracia para expulsar al castellano de la vida administrativa cotidiana, creando fronteras invisibles para el ciudadano.
Esta batalla legal es un paso más en la defensa de una administración que sirva a todos por igual, sin sesgos ideológicos. El recurso pretende que el servicio se preste sin imponer una lengua prevalente, respetando la elección de cada usuario. La entidad asegura que seguirá impugnando cada contrato que utilice el dinero público para marginar el derecho a vivir y trabajar en español.
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