En la enseñanza pública de Infantil, Primaria y Secundaria de Cataluña se ha iniciado un calendario de huelgas continuadas que se extenderán desde el 5 de mayo hasta el 6 de junio de 2026, si el Departamento de Educación y Formación Profesional no cede a las peticiones de los sindicatos. Los convocantes son los sindicatos USTEC, Profesores de Secundaria (ASPEPC-SPS), CGT e Intersindical.
No participan en esta convocatoria ni el sindicato CCOO ni el sindicato UGT, porque el pasado 9 de marzo firmaron un acuerdo con el Departamento de Educación que comporta un incremento progresivo que sólo alcanzará unos 200 euros mensuales más a partir del año 2029, una cantidad que ha parecido insuficiente a los sindicatos convocantes.
En los siguientes dos histogramas puede observarse que la retribución media del profesorado de Secundaria y de los maestros de Primaria de Cataluña está muy por detrás de la media en España.
El calendario de huelgas anunciado es el más importante en el sector de la enseñanza desde las huelgas en contra de la LOGSE de los años noventa. Tendrá una duración de un mes, como puede verse en la siguiente imagen, y evidentemente no permitirá la normalidad del final del curso 2025/2026 en Cataluña. Otros sindicatos del sector educativo, como son AMES y ANPE, también han apoyado estas huelgas. Por otro lado, el sindicato FEUSOC también organizó una huelga el día 12 de mayo, en defensa de las condiciones laborales de los docentes de la enseñanza concertada en Cataluña. Entre sus reivindicaciones está la reducción de horas semanales de clase a 18h en Secundaria y a 23h en Infantil y Primaria.
Calendario de huelgas educativas en Cataluña. Mayo y junio de 2026
Algunos de los sindicatos convocantes han incluido entre sus peticiones una serie de reivindicaciones que no son compartidas por todos los demás sindicatos, como la defensa de la escuela inclusiva, el querer negociar ellos unos nuevos decretos curriculares y el querer mantener la exclusión del castellano/español como lengua vehicular en la enseñanza. A continuación se comentan estos tres aspectos con los que, por ejemplo, el Sindicato AMES no está de acuerdo.
1.- Escuela inclusiva. El modelo de escuela inclusiva es el que establece que hasta el final de la ESO todo el alumnado debe estar en la misma aula. Esto implica un sobreesfuerzo al profesorado y, en muchas ocasiones, la codocencia, es decir la presencia de un segundo o incluso un tercer profesor en el aula para atender la excesiva diversidad de capacidades y requerimientos del alumnado. Según el Sindicato AMES, con este sistema todos los alumnos salen perjudicados, porque ni aprenden unos ni aprenden los otros y, además, provoca que el profesorado salga del aula decepcionado porque no ha podido atender ni a unos ni a otros. Evidentemente, el modelo de escuela inclusiva es el modelo que económicamente más le interesa a la Administración, porque una vez establecido, si más adelante es necesario reducir gastos, le permite suprimir al profesorado de apoyo sin tener que cambiar nada más. Ya ocurrió anteriormente, durante la crisis del curso 2007/2008, cuando se suprimió el llamado profesorado de diversidad. En ese año, el profesorado regular se quedó solo en el aula, con toda la diversidad del alumnado para él solo. Esta experiencia demostró que el mejor sistema para tratar la diversidad del alumnado no es la escuela inclusiva, sino el mantenimiento de la educación especial.
2.- Futuros nuevos currículos. Los actuales currículos de las materias establecidos en el Decreto catalán 171/2022, en adecuación en Cataluña del Real Decreto 243/2022 del Ministerio de Educación, así como los contenidos de su futura modificación, no gustan al profesorado, sobre todo porque no determinan con claridad lo que hay que enseñar en cada curso y con qué nivel de profundidad se ha de enseñar. Hay que decir que esta falta de concreción de contenidos y de nivel de exigencia también se da en el Decreto 175/2022, de ordenación de las enseñanzas de la educación básica, que contiene la adecuación a Cataluña del Real Decreto 157/2022, sobre la educación primaria y del Reial Decret 217/2022, sobre la educación secundaria obligatoria (ESO).
El sindicato AMES considera que la negociación de los futuros currículos no debe realizarse entre los sindicatos y la Administración, sino entre los representantes de los colectivos de profesores de las diferentes especialidades y la Administración. La razón de esta propuesta es que los liberados sindicales, muchos de los cuales llevan muchos años sin entrar en un aula, son de diferentes especialidades y, por tanto, muy probablemente desconocen las necesidades académicas reales del profesorado de cada especialidad.
3.- Exclusión del castellano/español como lengua vehicular de la enseñanza. Algunos de los sindicatos convocantes también reclaman garantías de recibir «más recursos para blindar la escuela en catalán». Se refieren a que como hay sentencias judiciales que han dado la razón a los padres que han pedido un mínimo de un 25% por ciento de las horas de clase en castellano, una demanda que por el momento el Departamento de educación no cumple, ellos le piden al Departamento poder también incumplirlas impunemente. Así pues, lo que quieren estos sindicatos es mantener el modelo en el que el alumnado que en su casa se habla en catalán sea escolarizado en su lengua materna, con las ventajas que esto supone, mientras que el alumnado que en su casa se habla en castellano, reciba una escolarización en una lengua diferente a su lengua materna, con las dificultades para el aprendizaje que esto supone. Es evidente que estos sindicatos priorizan los objetivos de los partidos políticos en el gobierno, sobre los intereses de aprendizaje del alumnado hispanohablante. Por otro lado, estos sindicatos, al pedir el incumplimiento de las sentencias judiciales, están atentando al Estado de Derecho, es decir, están defendiendo un modelo de país donde el poder judicial esté sometido al poder ejecutivo.
Es evidente que el sistema educativo catalán, tras constantes cambios de normativas, de ocultación a la sociedad de los rendimientos académicos de los centros, de incumplimiento de las sentencias judiciales, de empeoramiento de los resultados de los alumnos en las pruebas internacionales y de una hiperburocratización de la labor del profesorado, ha provocado el desgaste de su profesorado, la pérdida de su autoridad, y la desconfianza de las familias en sus servicios educativos. Es necesario, pues, un cambio radical en su política educativa, en el sentido de recuperar el sentido común y el rigor académico, para iniciar nuevas líneas de actuación, realistas y viables.
Antonio Jimeno. Presidente del Sindicato AMES
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