El Tribunal Supremo ha admitido tres recursos contencioso-administrativos de la asociación Impulso Ciudadano contra las normas aprobadas por el Gobierno que transfieren al País Vasco la gestión de prestaciones de la Seguridad Social.
Las resoluciones judiciales, dictadas el pasado día 4, acuerdan la tramitación de los recursos frente a la transferencia de la gestión de las prestaciones familiares no contributivas, la transferencia de la gestión de la protección por desempleo y la transferencia de la gestión del Seguro Escolar.
Las normas recurridas suponen una alteración profunda del modelo constitucional de Seguridad Social al atribuir a la Comunidad Autónoma del País Vasco facultades prácticamente omnímodas de gestión sobre prestaciones esenciales del sistema público. Estas transferencias no constituyen una mera reorganización administrativa, sino que suponen una cesión de funciones estructurales del sistema de Seguridad Social.
En su conjunto, las medidas adoptadas pueden abrir la puerta a un proceso de fragmentación progresiva del sistema, incompatible con los principios de unidad, solidaridad e igualdad que lo sustentan.
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