La situación en Cataluña es un despropósito político. Se escribe a diario y se comentan situaciones de forma continuada que condicionan la realidad general de España. Es difícil encontrar un Estado social y democrático de derecho con tantos complejos como el nuestro.
Los partidos políticos secesionistas alientan las revueltas en las calles y los dirigentes políticos de la comunidad autónoma visitan o participan en cortes de infraestructuras vitales para la economía.
La labor de los medios de comunicación es por lo general lamentable, utilizando fórmulas creativas para hacernos creer que los cortes de carreteras, calles , vías de tren, etc, de forma indiscriminada y sin ninguna autorización administrativa representan un ejercicio correcto del derecho fundamental de manifestación reflejado en la Constitución Española .
Básicamente porque son manifestaciones que no se pueden catalogar como pacíficas porque implican la limitación automática, entre otros, del derecho a la libertad de ambulatoria de otros ciudadanos para ejercer el comercio, ir a trabajar, al médico , de paseo, etc…
Además los manifestantes montan barricadas , talan árboles, colocan clavos industriales en el aglomerado asfáltico, queman contenedores, destrozan mobiliario urbano para dificultar la circulación, etc…
Por alguien no lo conoce: ningún derecho fundamental es absoluto, básicamente porque su capacidad jurídica se ve limitada automáticamente cuando afecta a los derechos fundamentales de otros.
Y en el derecho de manifestación, que los medios de comunicación sobredimensionan, existen unas pautas previstas en la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio que el autodenominado movimiento Tsunami democrático se pasa por el arco del triunfo.
En este sentido, la permisividad del Estado y del gobierno regionalista es evidente. El despropósito ha llegado a unos niveles muy altos: corte diario desde hace semanas de la Avenida Meridiana o tiendas de campaña en la Ronda Universidad de la ciudad de Barcelona. O cierre al tráfico rodado de la frontera con Francia, entre otros casos.
Las grandes asociaciones constitucionalistas en Cataluña no tienen el margen de maniobra sobre los políticos que tienen sus homólogas en el mundo secesionista lo cuál minimiza su capacidad de respuesta y de liderazgo .
La cúpula policial en la policía autonómica recientemente hemos podido ver en prensa como estaría seleccionada por el poder político. En mayor medida aún en las policías locales que dependen directamente del alcalde de turno.
Y la cúpula policial en la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está supeditada a la orden de la Delegada del Gobierno o del Ministro del Interior que como estamos observando/padeciendo hace semanas deciden desde el tacticismo partidista .
Esta es la realidad de una sobredimensión política masiva en los cuerpos policiales o en la propia judicatura donde recientemente, una asociación formada por jueces y fiscales, muchos de ellos en activo, aplaudía un futuro pacto entre partidos políticos en el Gobierno de la Nación. Paralelamente una componente del Consejo de Estado firmaba manifiestos de contenido político.
Y ante la indefensión la ciudadanía se auto organiza. Como ayer en Hospitalet de Llobregat donde un grupo de ciudadanos evito con su presencia el corte ferroviario que tenían previsto los impunes CDR. O las campañas en redes sociales para evidenciar la permisividad del equipo de Gobierno político en el Ayuntamiento de Barcelona con los cortes de calles sin autorización administrativa.
Asimismo las iniciativas para denunciar a los dirigentes políticos y funcionarios públicos que no están sancionando administrativamente a los que causan tanto daño a la economía e imagen global de Cataluña .
La gente no puede comprender que ellos tengan que pagar impuestos, tasas y esperar resoluciones administrativas para cualquier actividad y los CDR puedan hacer lo que les de la real gana sin consecuencias.
Es un deber moral de todo ciudadano: político, funcionario o civil denunciar esta asimetría democrática.
En el ámbito de la seguridad pública hay que comenzar a sacudirse complejos y actuar ante las flagrantes ilegalidades que se observan, sin esperar la orden política y además hacer seguimiento de las sanciones administrativas para en el caso que no sean tramitadas correctamente denunciarlo ante la autoridad judicial .
Los funcionarios públicos y los políticos secesionistas ‘pasan’ de la legalidad justificándose en una legitimidad auto creada. Entonces, ¿por qué los constitucionalistas actúan con complejos si la legalidad les ampara?
La obediencia debida no es causa que sirva para eximir de responsabilidad ya que no es posible ocultarse detrás de una orden jerárquica para incumplir la ley que te obliga a actuar o sancionar.
Esto debería tenerse muy presente al actuar porque luego llegarán las lógicas denuncias de los ciudadanos ultrajados y…
David Hernández es presidente de Politeia
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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