La mentira es más dañina cuando se recurre a ella desde el poder. Lo es porque la mayoría le atribuye a todo Gobierno legítimo la defensa del interés general. Hay una predisposición a creerla por el rango de la fuente y en esas el ciudadano relaja su contraste de veracidad. No sucede lo mismo cuando la información proviene de otra fuente que no sea oficial, dado que los ciudadanos discriminan su contenido y credibilidad con mayor rigor.
De ahí que el furibundo y antidemocrático ataque a la libertad de expresión e información desde el Consejo de Ministros sea inaceptable y represivo. La sátira o la ácida crítica es una de las conquistas democráticas que ni siquiera un estado de emergencia puede prohibir, siempre que sus límites se incardinen en las figuras delictivas que se contienen en el Código Penal. Fuera de eso no puede ser limitada porque se convierte en censura.
Que sea la gente la que juzgue el comportamiento y las actitudes de unos y de otros, y no el Gobierno el que amordace a sus detractores por desautorizarlo o retratarlo. La verdad no necesita valedores, suele abrirse paso sin necesidad de darle un Ministerio. Es obligado reiterar que la libertad de expresión sólo encuentra límite en aquello que las leyes penales tipifican como delito. Cualquier otra restricción desfigura la democracia y abre la puerta a los regímenes de opinión pública cerrada.
En situaciones de grave crisis reforzar su vigencia es protegernos. Pero lo que todavía es más reprobable es utilizar a personas que dicen no tener ideología para que transmitan la suya. Los funcionarios públicos no deben estar al servicio de los intereses particulares del Gobierno, sino al servicio de las personas. Es lo que han hecho con altos servidores públicos uniformados y no han tenido la gallardía de dar la cara por ellos, sino parapetarse tras ellos.
Que la vaporosa conciencia sobre nuestros derechos civiles no se convierta en mercancía barata de la que el Gobierno pueda disponer a placer, con la resignación propia de quienes lo consideren como un valor relativo y canjeable. Es nuestro último reducto en el que sí debemos confinarnos.
Sergio Santamaría
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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