No es tiempo de ofertas

 Conforme se aproximan las fechas en que el separatismo institucional, encarnado en el Govern de la Generalitat, y el oficioso o de agitación, asumido por la ANC y Omnium -en ilegítima usurpación de funciones legislativas, pues no se oculta su participación en la redacción de “leyes” autonómicas que paradójicamente se esconden a los representantes electos del Parlament-, como decía, conforme se acercan las fechas en que el separatismo materializará el definitivo desacato a la legalidad democrática que culminaría -anuncian- con la derogación de la Constitución en Cataluña, arrecia un crescendo de voces y opinantes en los medios que, para conjurar la amenaza, no dudan en sugerir que es “tiempo de señales”, “gestos públicos”, el momento de “hacer ofertas a Cataluña” e incluso se apunta la idea de reformar la Constitución de forma que satisfaga a quienes anuncian su derogación.

 

Empezando por la reforma constitucional, baste decir que tal cosa se oferta como forma de apaciguamiento a quien pretende erigirse ilegal, ilegítima y unilateralmente en poder constituyente precisamente para sustituir la norma cuya adaptación habría de disuadirle de su propósito. Así, abstracción hecha de que en la civilización cuando una norma no se cumple la consecuencia no es la adaptación de la norma a los propósitos o intereses del infractor, sino su aplicación coercitiva por medios de fuerza legítima, lo que caracteriza a esta oferta no es más que su retumbante derrotismo constitucional, amén de su inviabilidad en la aritmética parlamentaria, salvo que el oferente quiera seguir el mismo método unilateral del sedicente, lo que no habría que descartar oyendo a algunos representantes políticos de ámbito nacional que postulan la reforma.

 

Poco o nada cabe decir de los que, ante la estentórea gesticulación del separatismo -el mismísimo Presidente de la Generalidad anuncia en “Le Monde” que desobedecerá al Tribunal Constitucional y que aún desacatará su eventual inhabilitación por ello- piden gestos, señales, concesiones y ofertas. No hace falta ser un experto en resolución de conflictos para para darse cuenta que si al inicio de una negociación se le asegura a la contraparte la consecución siquiera parcial de su botín al tiempo que se excluyen del expediente los riesgos a los que se expone para conseguirlo, el resultado del lance será un ganar-perder insatisfactorio y perjudicial para la resolución del problema; al menos para una de las partes, que aquí no es otra que el conjunto de los españoles.

 

Nadie excluye que en la compleja situación política que vive España, el diálogo y la negociación sean instrumentos necesarios para abordar el problema creado por el nacionalismo catalán, pero todo tiene su tiempo y su oportunidad, y en el culmen de la amenaza al orden constitucional, el implorar públicamente al garante de ese orden que en lugar de hacerlo valer haga ofertas que lo relativicen, además de no solucionar el problema contribuye a cronificarlo y fortalecerlo, convirtiéndolo en estructural. Estamos aquí, porque durante casi cuarenta años, para solucionar problemas coyunturales (como por ejemplo formar gobierno por cuatro años a nivel nacional) se pidió el apoyo al nacionalismo a cambio de concesiones estructurales.

 

El nacionalismo dentro de un Estado no es una ideología política con un objetivo estático: mientras no obtenga su resultado último, que es la consecución de otro Estado escindido para sí y al que someter a la ciudadanía de su ámbito territorial, será un proceso, un íter: ninguna oferta ni concesión lo volverá estático. Las prebendas, nuevas competencias o privilegios que se le puedan ofrecer exigiendo a cambio no romper las costuras del marco en vigor no son ilimitadas; salvo, claro está, que vayamos a la “independencia sin dolor”, a un sistema donde la secesión opere en todos los ámbitos como si ya se hubiera producido, el Estado desaparezca por fin totalmente y de iure de la vida pública catalana y al constructo sin embargo le sigamos llamando “España” por razones puramente sentimentales.

 

El común denominador de estos oferentes de rebajas y saldos democráticos es que todos ellos parten de la premisa de que el nacionalismo ha sido, es y será siempre, el eje y factor dominante de la escena política catalana, lo cual, además de ser falso, es abordar el problema con cortedad de miras, confundiendo un problema coyuntural -aunque duradero- con un problema estructural irresoluble. Ejemplos en política comparada que demuestran que el nacionalismo no tiene por qué ser hegemónico los hay y son insoslayables: en Canadá, el nacionalismo secesionista quebequés, de alcanzar su techo con el 49,4 % de respaldo en 1995 (en 1976 no alcanzaba el 12 %), no supera hoy el 37 % de apoyo en los sondeos de opinión pública. Otro tanto cabe decir del nacionalismo separatista escocés, que alcanzó su techo con un respaldo del 44,7 % al tiempo del referéndum de independencia de 2014 y que en junio de este mismo año ha visto cómo el Partido Nacionalista Escocés perdía en la elecciones legislativas 21 de los 56 escaños que tenía hasta ese momento.

 

Así las cosas, frente a esa asunción del nacionalismo como factor inherente, dominante y esencial de la política española y catalana, no puede eludirse la batalla ideológica de combatirlo en su perversión intrínseca y reaccionaria, contraria al signo de los tiempos, al consenso universal de que ni la lengua, ni el lugar de nacimiento ni la historia pueden ser carta de naturaleza de ningún derecho ni privilegio. No puede acometerse la solución del desafío que reta a España sin que esas evidencias se traigan a colación en el debate público.

 

Diálogo y negociación sí, pero las cosas por su orden: ahora toca el restablecimiento del orden constitucional, anulación por el Tribunal Constitucional de todo acto de subversión de la legalidad democrática, y actuación de los Tribunales para, si persiste el desacato, imponer la ley de forma natural con las medidas coercitivas que procedan; restablecido el orden, abordaje en su caso, por los cauces legales y si la representación de la soberanía popular aritméticamente lo permite, de fórmulas en que todos los españoles, no sólo los radicados en Cataluña, decidamos, en abierto debate ideológico que no soslaye qué es el nacionalismo, cómo queremos en su caso renovar el marco de convivencia. Invertir el orden de los factores anticipando sólo ofertas y concesiones sólo llevará al desastre, además de sustraer del debate ideológico que, a lo mejor, los españoles lo que queremos es revocar concesiones pasadas que nos trajeron hasta aquí.

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