Es conveniente de vez en cuando hacer un alto en este camino agitado, por el que nos hacen transitar, y echar la vista atrás para ver de dónde venimos y que fue lo que nos ha traído aquí. No, no estoy hablando del omnipresente procés, pero sí de una de sus arterias (o de su ADN, como se prefiera): la inmersión lingüística.
Con la llegada de la democracia y el restablecimiento de las instituciones catalanas y del Estatuto, comenzó a trabajarse de modo mancomunado por la recuperación de la lengua catalana. El primer paso de ese proceso, aparte de campañas publicitarias de dudoso acierto y seguro mal gusto, fue la Ley de Normalización Lingüística de 1983, fruto de un esfuerzo de todos los grupos políticos por encontrar vías de acuerdo para un tema que ya era espinoso (basta recordar la extrema virulencia con que fue acogido por parte del catalanismo el Manifiesto de los 2300, por la igualdad de derechos lingüísticos, de 1981).
Para esa Ley y tal vez tratando de seguir el modelo de la 2ª República, CiU planeaba una doble vía: escuela en catalán y escuela en español. Por el contrario, los partidos de izquierda PSC y PSUC condenaban lo que llamaban “segregación” escolar y buscaban una escuela pública unitaria con un tratamiento equilibrado de las dos lenguas. Se alcanzó el consenso y se aprobó la Ley con 133/135 votos a favor (de CiU, PSC, PSUC, UCD) y solo 2 en contra (del Partido Socialista Andaluz, desaparecido en la siguiente legislatura).
Esta pieza legislativa condenaba la “segregación”, establecía (sin cupos) la coexistencia de catalán y español, lenguas cuyo dominio se consideraba el objetivo de la enseñanza primaria y secundaria, y el derecho a la primera enseñanza en la lengua materna de cada cual. Sin embargo, establecía de entrada que la lengua catalana era el elemento fundamental de la formación de Cataluña. Y, por supuesto, todas las garantías para la enseñanza del español se fueron esfumando en la práctica (y muy rápidamente).
La inmersión aún estaba ausente del panorama legislativo. Se limitaba a distintos experimentos en ciertas escuelas que se habían iniciado con anterioridad a la aprobación de esta Ley. Es conocido el papel destacado del PSUC en la adopción del sistema de inmersión en unas cuantas escuelas de Santa Coloma de Gramanet, una ciudad con abundante población trabajadora procedente del resto de España. Se alentaba a las familias a solicitar este tipo de escuela porque se consideraba que era el mejor sistema para la integración de las bolsas de población de habla española y para evitar la aparición de guetos. Una supuesta herramienta para facilitar el “ascensor social” y la cohesión.
El PSUC consiguió un buen número de solicitantes, gracias a la implantación de ese partido en el tejido social más inquieto políticamente de la sociedad catalana desde los últimos años de la Dictadura. El Partido Comunista había sido el partido más activo contra el régimen de Franco (si no el único), especialmente su rama catalana, el PSUC.
Su estrategia en la década de los 60 y 70 consistió en aliarse con todas las fuerzas de la oposición (aunque pertenecieran a la burguesía, así lo prescribía como como modelo el eurocomunismo de Berlinguer, Carrillo y Marchais) y penetrar y asumir puestos de responsabilidad en todas las estructuras sociales: sindicatos, movimientos vecinales, y asociaciones de todo tipo. Prueba de la intimidad y la eficacia de esa penetración son los nombres de algunos de sus integrantes (y su deriva actual): Raül Romeva, Muriel Casals, Oriol Bohigas, Borja de Riquer, Xavier Folch…
El PSC, por su parte, era el fruto de la fusión de dos conglomerados socialistas catalanes con la Federación Catalana del PSOE, fusión que se produjo en un congreso en el año 1978. Por su carácter de conglomerado, en su seno convivían fuerzas progresistas de carácter burgués, fuerzas catalanistas y los obreristas. Es de señalar cómo, durante muchos años, se reprodujo en la estructura del partido lo mismo que se detecta en el Parlamento catalán y otras instituciones. Los puestos de mayor representatividad estaban cubiertos por apellidos catalanes procedentes de la burguesía (los Maragall, Moles, Castells, Obiols,…), mientras que los apellidos de origen español (los Corbacho, Zaragoza, Montilla,…) abundaban en los mandos intermedios y en la militancia de base.
A partir de la aprobación de la Ley de Normalización, los ensayos de inmersión se extienden. CiU deja la política lingüística en manos de Joaquim Arenas, un fundamentalista de la lengua, ex directivo de Òmnium, a quien coloca en la dirección del SEDEC (Servei d’Educació de Catalunya). Bajo su batuta crecerá progresivamente el monolingüismo del catalán y la marginación del español. Diversos decretos profundizaron en esa dirección y extendieron la inmersión hasta abarcar de facto la totalidad del sistema educativo. Para sortear las dificultades legales, empleaban la estrategia de ir siempre con los decretos un paso por delante de las leyes. Todo ello ante la pasividad o la ignorancia de los gobiernos centrales (de todos los colores).
En 1990 se aprueba la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). CiU, junto con el PSC, ERC e IC (el PSUC se había disuelto) desarrollan y aprueban en 1995 una modificación de la primera Ley de Normalización con el pretexto de adecuarla a la LOGSE, pero que en realidad va dirigida a reforzar y ampliar las medidas de coerción en favor del catalán. En este llamado Plan General de Normalización Lingüística se establece que el catalán, como lengua propia de Cataluña, lo es también de la enseñanza y se dicta que “se utilizará normalmente como lengua de enseñanza y de aprendizaje en la educación infantil, primaria y secundaria obligatoria”.
Por si fuera poco, se introdujo el método de la atención individualizada como el procedimiento para enseñar la lectoescritura a aquellos que solicitaran la primera enseñanza en español, (separándoles en un rincón de la clase). Incluso se avanzó la posibilidad de sancionar a quienes pudieran cometer infracciones de tipo lingüístico, porque el Plan cubría todos los sectores de la vida, desbordando el estricto ámbito de la enseñanza.
En 1998 se aprueba la Ley de Política Lingüística, en la cual los elementos fundamentales del Plan mencionado adquieren el rango de requisitos legales. Se estrenan igualmente, las “multas lingüísticas”, una figura destinada a universalizar la rotulación en catalán en el ámbito privado.
El ciclo, en lo relativo a la lengua, se cierra en 2009 con la Ley de Educación de Cataluña (LEC), a iniciativa de Ernest Maragall. En palabras de Antonio Robles, en su conocido discurso parlamentario de crítica de la Ley, “el articulado de esta Ley es directamente político, no educativo”. Diez años después de su aprobación, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) sostenía que era «la piedra angular sobre la que se ha construido un régimen de instrumentalización de la escuela y adoctrinamiento». Fueron los componentes del tripartito, supuestamente de izquierda, PSC, con ERC e IC, quienes impulsaron este proyecto.
No contentos con ello, el PSC forzó al PSOE en 2017 a votar a favor de una moción de ERC en la cámara baja para defender “el modelo de la escuela catalana” y manifestar el apoyo a la inmersión lingüística.
Y, en cada uno de estos hitos históricos han estado el PSC y las diversas formaciones a su izquierda apostando de forma incondicional por un modelo que no era el suyo. Que no sirve para favorecer el ascensor social (porque ni siquiera funciona como tal en la estructura de esos mismos partidos, ni en la del Parlamento autonómico), que vulnera los derechos de los hablantes de español en Cataluña y que contradice las recomendaciones de los expertos en formación y de los de la UNESCO. En definitiva, un sistema que perjudica a las clases trabajadoras que dicen defender (aunque, desde luego, nuestros socialistas domésticos nunca presumieron de la O de obrero).
En febrero de 2018, afirmaba Joaquim Coll en un artículo en El País que “el monolingüismo no fue el modelo del catalanismo de izquierdas, sino el resultado de la hegemonía nacionalista”. Así parece ser que fue, pero no se puede negar que, después, la izquierda abrazó el monolingüismo catalán con fervor y ha aplaudido hasta con las orejas todos y cada uno de los eslabones de esta cadena que conduce a la lengua única (incluidas las multas a los comerciantes que no rotulan en la lengua del imperio). Tal vez porque en sus filas pesa más el factor nacionalista que el de izquierda. Joaquim Nadal, exalcalde Gerona y líder del PSC durante unos años, lo decía sin ambages, “soy, primero, catalán [en el sentido de catalanista, claro], y, luego, socialista”.
La preocupación por la cohesión y el ascensor social, ¿eran sinceros? ¿No estaban desenfocados por una perspectiva sesgada de la sociedad y del problema? ¿No eran una muestra de paternalismo? ¿Por qué, en lugar de buscar la adaptación de las bolsas de trabajadores a la sociedad catalana, no se volcaron en la corrección de los factores disruptivos de la misma que impedían o dificultaban (léase también en presente, impiden o dificultan) su plena integración?
Por eso, amigas ovejas, olvidaos del lobo, un peligro ocasional y esporádico, y poneos a salvo de los pastores, que parece que os cuidan y se preocupan por vosotras, pero que, en realidad, os están preparando un trágico destino.
Antonio Roig, de la Asociación por la Tolerancia
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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