Los derechos son de las personas, no de las lenguas, por lo que la acción pública debe dirigirse siempre a proteger a los ciudadanos y no a sacralizar idiomas. Desde la Asociación por la Tolerancia, nos oponemos firmemente al Pacte Nacional per la Llengua (PNL) en general y, particularmente, a su adjetivación como «nacional», apelando a un concepto constitucionalmente reservado a la nación española (mejor sería Pacte Nacionalista per la Llengua, por mucho que ponga al PSC frente al espejo) y a su falso consenso al excluir a más de la mitad de la población catalana que tiene el castellano como lengua materna.
La sociedad catalana es bilingüe y plural y sus instituciones deben reflejarlo así. Es imprescindible que todas las administraciones atiendan en catalán y en castellano, que ambas lenguas estén presentes en la escuela, en los entornos laborales y en la vida pública en general, de forma natural, sin imposiciones y basada en la libertad de elección. En este sentido, nos resistimos también a la malversación de dinero público en la ingeniería social inútil que representa el PNL.
El PNL pretende consolidar un monolingüismo impuesto, aunque fracasado y antinatural. Su propio texto y la práctica normativa habitual de la Generalitat presentan al catalán como «lengua de encuentro» exclusiva, relegando al castellano a una posición subalterna ¡No es encuentro, es imposición!
En el ámbito educativo, al reforzar la inmersión obligatoria y negar AL MENOS el 25 % de enseñanza en castellano conforme a la sentencia del TSJC avalada por el TS, -escaso en nuestra opinión, aunque legalmente establecido-, se insiste en el empobrecimiento de la enseñanza y se perpetúa una mentalidad de asedio que estigmatiza a las familias castellanohablantes e incumple las resoluciones judiciales que protegen sus derechos.
Frente a este intervencionismo acordado por PSC, ERC y Comuns -al que se sumará gustoso Junts, si todavía aprieta más las tuercas totalitarias contra los castellanoparlantes-, exigimos:
· La libertad de opción lingüística en todos los ámbitos de la sociedad (escuela, trabajo, etc.).
· La atención administrativa y sanitaria en la lengua que elija cada ciudadano.
· La eliminación de requisitos desproporcionados para acceder a la función pública.
· El fin de toda norma, pacto, subvención y sanción que apuntale un sistema monolingüe.
Invitamos a la ciudadanía y a las fuerzas políticas comprometidas con la Constitución a rechazar el PNL y a trabajar por un gran pacto estatal que garantice, sin trampas, la igualdad y la libertad lingüística de todos los españoles.
ASOCIACIÓN POR LA TOLERANCIA
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