El nacionalismo parasita la administración catalana

“Ves a Eduardo Reyes, antiguo presidente de Súmate y hoy diputado de Junts Pel Sí, o a Gabriel Rufián, parlamentario de ERC, y crees que las cosas han cambiado. Te dices: ‘son castellanoparlantes, de origen humilde, hijos de la inmigración del resto de España a Cataluña’. Pero si investigas, te das cuenta de que al final quienes mandan son los de siempre, los de ocho apellidos catalanes”. Así de rotundo se muestra Manel García García, funcionario de Prisiones y miembro de Comisiones Obreras, sindicato donde ha sido coordinador del Sector de la Generalitat hasta el año 2000. En virtud de su cargo, estuvo presente en las Mesas General y Sectorial, donde negoció acuerdos para los funcionarios de la administración catalana. Y actualmente acude como asesor a algunas reuniones del ámbito de Prisiones.

Manel empieza recalcando que su denuncia no se refiere únicamente al sector donde trabaja, sino que abarca a toda la Generalitat: “Aquí existe una política bien diseñada, que afecta a toda la administración catalana, en todos sus ámbitos. No es privativa de un sector en concreto”. Y comienza su denuncia como si de un relato se tratara, prolijamente, desde los orígenes. “Es una política que se remonta a los inicios de la creación de la administración catalana, con los primeros gobiernos de Convergència. Téngase en cuenta que esta administración se creó ex novo. Y se hizo en base a un clasismo que colocaba (y coloca) en los puestos superiores sólo a los miembros de la familia nacionalista”.

Hasta aquí podría parecer una cuestión meramente ideológica: al fin y al cabo, todo gobierno (sea cual sea su color político) suele situar en cargos directivos a los de su cuerda. Es decir, que podría darse el caso de que un García, por el mero hecho de ser soberanista, fuese aupado a un puesto de importancia. “Pero lo curioso es que coinciden ambas cosas: la ideología y los apellidos” -rebate- “Al final lo que ocurre es que en los puestos base te encuentras a muchos Garcías y Fernández. Y conforme vas subiendo en el escalafón, estos apellidos van desapareciendo y empiezan a aflorar los Rull, Turull, Viloca… Apellidos de honda raigambre nacionalista o nacional-catalana, como dicen ellos”.

Una situación como la que describe Manel debería, por fuerza, levantar ampollas entre los afectados, entre todos los Garcías y Fernández que trabajan para la administración catalana. Pero la realidad es muy distinta: “en la Generalitat nadie se hace preguntas, en líneas generales” -asegura- “Es un modus vivendi. La gente ya se ha acostumbrado a este estado de cosas, porque lo ha visto desde los inicios, desde que empezó a trabajar. Es algo que se da por hecho y nadie reflexiona sobre ello”. Y niega que acatar esta especie de omertà o ley del silencio sea sólo una cuestión de supervivencia laboral: “Lo de callar para sobrevivir sí que se da en el ámbito del interinaje, pero también hay muchos funcionarios de carrera -cuyos puestos de trabajo no peligran por formular críticas- que han asumido que las cosas son así y ya está: no le dan más vueltas”.

Uno, que no se resigna, vuelve a la carga y pregunta si no ha habido algún conato, no ya de rebelión, sino al menos de crítica hacia este estado de cosas. Algún García o Fernández, por ejemplo, que crea firmemente en la meritocracia y vea cómo se le cierran las puertas de la carrera administrativa en beneficio de los Rull, Turull o Viloca: “Es que el sistema no permite estas veleidades” -afirma-. “Primero, hay gente que no tiene aspiraciones de progresar en la administración. Y segundo y más importante: el sistema impide que surja nada de lo que tú apuntas. El sistema está diseñado para que los puestos de mando estén ocupados por quienes están ocupados, es decir, por militantes leales. Así es como ha sido montada la Generalitat”.

¿Debemos deducir entonces que nos hallamos ante una “política bien diseñada” -utilizando sus propias palabras- de tipo etnicista, que sitúa en puestos de poder a determinados individuos siguiendo criterios identitarios? “Yo no hablaría tanto de etnicismo como de clasismo” -objeta- “Se trata de la burguesía catalana de toda la vida, que se ha hecho con el mando de todo el aparato administrativo”. Pero también hay burgueses catalanes con apellido castellano, me atrevo a objetar. “Es que todo está imbrincado” -argumenta- “Es una cuestión en la que no se puedes desligar una cosa de la otra, porque al final todo es un dos más dos. La burguesía catalana que siempre ha dominado el país tiene, a fin de cuentas, los apellidos que tiene. Con lo cual, al final, todo acaba coincidiendo”.

El sindicato

Se supone que Comisiones Obreras, sindicato en el que milita Manel, tendría que tomar cartas en el asunto. En tanto organización que se autoproclama de clase, que defiende los intereses de los trabajadores, no debería permanecer impasible ante lo que parece un caso claro de discriminación laboral. Sin embargo, asegura, “CCOO no se ha planteado nunca nada en este sentido”. “Al igual que en el tema del llamado derecho a decidir y el referéndum del 1-O, donde el sindicato siempre ha mantenido un planteamiento acrítico, con decisiones tomadas desde la cúpula y sin dejar discutir a las bases, en esta cuestión no se ha percatado de que había mucho clasismo de por medio, factor muy a tener en cuenta a la hora de negociar, por ejemplo”.

Un tanto sorprendido -y aturdido- por la respuesta, le pregunto por las posibles razones de esta actitud “acrítica”. Y sin conocer la atmósfera que se vive dentro de su organización, me atrevo a sugerir si no habrá algo de postura acomodaticia, de estar a bien con el Poder. “En Cataluña, todo el mundo ha querido estar a bien con el nacionalismo” –ataja con contundencia- “Nadie se ha enfrentado nunca a él desde los inicios. Y eso ha ocurrido en Comisiones y en UGT todavía más. No ha habido una lucha frontal con la ideología nacionalista en ningún ámbito que tuviera capacidad de hacerlo, a lo largo de los años que llevamos de democracia”. Tratando de ahondar aún más, concluye que “al final, todas las estructuras acaban funcionando a base de relaciones con el Poder. Y nadie se ha podido sustraer a la influencia y a la capacidad de presión que ha tenido el nacionalismo. Se han asumido ciertas cuestiones como verdades incontrovertibles, y a partir de ahí nadie ha hecho nada por desmontar el sistema”.

Los dogmas

La siguiente pregunta era obvia: cuáles son esas verdades “incontrovertibles” a las que alude. Y Manel no tarda un segundo en disparar su respuesta: “La lengua catalana como nervio de la nación; y, partiendo de esa base, la idea de que Cataluña siempre es lo primero, sin contar nunca con la lucha de clases ni con el hecho de que un trabajador catalán tiene mucho más en común con un jornalero andaluz o un minero asturiano que con un burgués catalán”.

Llegados a este punto, no puedo dejar de pensar en aquella famosa foto de familia, realizada en 2014, en la que aparecían los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT de Cataluña, Joan Carles Gallego y Josep Maria Álvarez, posando con la entonces presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, como símbolo del apoyo de las organizaciones obreras al derecho a decidir. Una foto tomada, para más ironía, con las chimeneas de La Canadiense al fondo, la emblemática empresa que protagonizó una de las huelgas más importantes del movimiento obrero español. Una imagen que inspiró el magnífico artículo de Javier Pérez Andújar titulado significativamente “Ser español es de pobres”, donde el autor llegó a afirmar: “Lo que hicieron en esa foto Comisiones y UGT fue pactar con la oligarquía. Pero pactar aquí es un eufemismo. Se pusieron a su servicio”. ¿La actitud de CCOO ante el nacionalismo está resumida en esa foto? “No. Y muchísimos afiliados de base e incluso cargos intermedios del sindicato piensan como yo. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, nunca se ha producido un debate real en el seno de la organización sobre todas estas cuestiones. Las bases están más a la izquierda que la cúpula, y no sólo eso: son mucho menos nacionalistas que esa cúpula”.

Y repite la misma frase que utilizara para describir la actitud de los funcionarios: “Se asumió esta posición desde el principio”. Habla incluso de un fenómeno global, de una auténtica “espiral del silencio” que ha afectado a todos los ámbitos sociales, no sólo a la administración o a los sindicatos: “los afiliados socialistas del área metropolitana no son nada nacionalistas en general, y sin embargo la élite del PSC habla siempre de catalanismo y apoya la inmersión lingüística”.

Oyéndole, uno se imagina una lluvia fina pero persistente, incansable, que poco a poco cala a toda una sociedad hasta volverla a su imagen y semejanza. “Hay que pensar que han estado treinta años consolidando lo suyo” –asiente- “¿Por qué los funcionarios (y la población en general) no han denunciado este estado de cosas? Porque les han hecho mirar hacia otro lado. Es la misma forma de pensar que se hizo hegemónica durante el franquismo: ‘No te metas en política… y si te metes, lo que digan ellos’ ”. Un lo que digan ellos que tuvo su primer gran éxito, asegura, en “conseguir imponer la idea de que quien está contra la inmersión lingüística es un facha”.

Aún a riesgo de parecer cansino, me atrevo a preguntarle si todo este proceso, mezcla de desidia, resignación y enormes equívocos, tiene alguna lógica. E intentando buscar una explicación razonable, recuerda que “en un principio pudo tener sentido. Acabábamos de recuperar la democracia y había una serie de temas por los que había que luchar, como poner al catalán en el lugar que le correspondía, algo que la dictadura le había negado”. Pero, confiesa, “el problema es que a partir de ahí ya no se paró. No se hizo una reflexión sobre cuáles debían ser los siguientes pasos”. Y así hemos acabado, con situaciones tan kafkianas como las que se dan en su sindicato: “En la sede central de Comisiones Obreras en Barcelona, en la Vía Layetana, no se produce un solo documento en castellano. Y si se escribe alguno, es inmediatamente enviado a alguien para que lo traduzca. Puede que algún delegado, en alguna fábrica, redacte algo en esta lengua, pero nada más”.

Habla un experto

Thomas Jeffrey Miley es profesor titular de Sociología Política en la Universidad de Cambridge y un buen conocedor de Cataluña, puesto que vivió varios años en Barcelona en la década de los noventa, durante su época de estudiante. En 2006 publicó Nacionalismo y Política Lingüística: el caso de Cataluña (Centro de Estudios Constitucionales), un estudio basado en más de cuatrocientas encuestas realizadas a profesores, intelectuales, concejales y diputados autonómicos, donde se demuestra, entre otras cosas, el claro predominio de apellidos catalanes entre los miembros del Parlamento de Cataluña. Así que la denuncia de Manel no le pilla por sorpresa. “¡Lo que denuncia Manel es de manual!”, exclama. “Dada la relación entre lengua y clase social en la sociedad catalana, donde, para simplificarlo un poco (pero solo un poco), el catalán es el idioma de las clases medias “respetables” y el castellano, la lengua propia de los chonis, la clase social y el idioma son dos aspectos muy difíciles de separar”.

Atribuye el dominio nacionalista sobre las instituciones catalanas a la “hegemonía que ejercen esas clases medias autóctonas en la propia sociedad” y confirma que ambos casos -el predominio de apellidos catalanes en los puestos directivos de la Generalitat, y el que documenta su libro, entre los parlamentarios autonómicos- “tienen mucho que ver”. Y califica la extraña “pasividad” de aquellos que salen perjudicados en todo este asunto (ciudadanos procedentes de la inmigración del resto de España, con apellidos no catalanes) como “el reflejo de la pasividad y resignación de la clase obrera en un mundo globalizado y neoliberal”. “La asociación simbólica entre el castellano y el franquismo refuerza estas actitudes”, comenta. Señala que es importante distinguir entre “las actitudes y experiencias de la generación nacida fuera de Cataluña y las de sus hijos (o nietos)”. Y finalmente comenta que “no deben sorprender” los casos de hijos de inmigrantes como Gabriel Rufián o David Fernández, ya que “la movilidad social pasa por asumir la nacionalización”.


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