No es de recibo que haya que ser un héroe en Cataluña simplemente por reivindicar los derechos que deberían estar garantizados en una nación democrática como España. Debería ser el Gobierno que preside Pedro Sánchez el que velara por la igualdad de todos ante la Ley, y que todos tuviéramos la posibilidad de escoger la enseñanza en lengua materna para nuestros hijos. Y, como es el caso, que se ejecuten las sentencias de los tribunales que dan la razón a los padres que quieren docencia en español.
Desde que Jordi Pujol ganó las elecciones autonómicas de 1980 su partido urdió el vigente plan para adoctrinar a los niños en las escuelas, usando la inmersión lingüística como herramienta para que se debilitaran los lazos de las nuevas generaciones de catalanes con sus compatriotas del resto de España. Todo ello con la complicidad de unos partidos de izquierdas dominados por compañeros de viaje del nacionalismo y otros simplemente acomplejados.
Por eso en Cataluña los padres castellanoparlantes que exigen equidad para sus hijos son obsequiados con linchamientos sociales y con lapidaciones políticas a cargo de los poderes públicos. Ahora ha sido la familia de Canet. Antes la de Mataró o la de Balaguer. Antes la de Salou. Llevamos cerca de cuarenta años de este señalamiento social.
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