La lectura de la Ley de Presupuestos Generales de la Generalitat genera algunas sorpresas en el lector que es imposible no destacar como es el elevadísimo número de organismos que constituyen la Generalitat de Cataluña. Estamos hablando de 210 organismos dotados de personalidad jurídica propia entre los cuales destacan 66 consorcios y 36 fundaciones. Esta situación lleva a duplicidades y excesos de gasto.
¿Por qué no se fusionan la Agència de la Qualitat Universitaria y la Agència de Gestió d’Ajudes Universitàries? No entiendo porqué existen al mismo tiempo Institut Català d’Empreses Culturals y la Oficina de suport a la iniciativa cultural. Tampoco entiendo que exista la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) con 280.397.260,47 euros de presupuesto que conviva con la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA con 352.767.356 euros de presupuesto. ¿Qué hace cada organismo? ¿Por qué hay dos organismos? ¿Por qué tienen regímenes jurídicos diferenciados?
El presupuesto consolidado de gastos e ingresos es de casi 56.416 millones de euros lo que conlleva 7.281,64 euros de gasto total anual por habitante. Ha de destacarse que entre los ingresos la mayor parte proviene de los tributos cedidos por el Estado como son el IRPF con 13.757 millones de euros (24,38% de los ingresos totales), el IVA con 8.267 millones de euros (14,65% de los ingresos totales), el ITP y AJD con 2.658 millones de euros (4,71% de los ingresos totales), los Impuestos especiales con 2.580 millones de euros (4,57% de los ingresos totales).
También aparecen datos inquietantes como es el hecho de que, para financiarse, la Generalitat tiene que pedir préstamos por importe de 14.099 millones de euros. Esto significa que el 25% de los ingresos totales provienen del endeudamiento (por encima de cualquier figura tributaria). Los préstamos de hoy son los intereses del mañana. En 2023 se van a pagar 1.119 millones de euros de intereses de deudas de la Generalitat. Es mayor el importe de estos pagos que la recaudación prevista por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (879 millones de euros) o por el Impuesto sobre el Patrimonio (660 millones de euros).
José María Tovillas Morán. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona
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