
Los líderes separatistas se llenan la boca de cara a la galería y para contentar a sus fieles que desobedecerán las veces que haga falta las leyes, pero la realidad es bien diferente.
El Gobierno de Quim Torra ha aprobado este martes los trámites para buscar “alternativas legales” a las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional sin traspasar ninguna línea roja, rebajando en mucho la moción aprobada en el Parlamento.
Los partidos independentistas aprobaron una moción en el Parlamento que instaba al Gobierno catalán a trasladar a la cámara catalana “con carácter urgente y prioritario los proyectos de ley que permitan hacer plenamente aplicables y efectivas” las disposiciones anuladas por el alto tribunal.
“Las decisiones de un tribunal arbitrario no obstaculizarán la legítima voluntad democrática del pueblo de Cataluña”, afirmaba la moción aprobada por los partidos separatistas en el Parlamento.
El Gobierno en boca de su portavoz, Elsa Artadi, sin embargo, se conforma ahora con “poder ponerlas en funcionamiento. El contenido de estas leyes es importante, y por lo tanto, lo que interesa es que puedan ser efectivas para dar servicios a la ciudadanía, la economía, el medio ambiente y demás».
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