El Gobierno de la Generalitat, que en los últimos años ha hecho bandera de la intervención pública en materia de vivienda, se plantea ahora un nuevo paso: prohibir la compra de inmuebles que no se destinen a residencia habitual. La medida, de difícil encaje legal y dudosa aplicabilidad, supondría una nueva vuelta de tuerca a las políticas de control del mercado, después de la controvertida limitación de precios del alquiler, cuya eficacia continúa siendo objeto de debate.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció esta posibilidad en la cámara autonómica catalana, en respuesta a una interpelación de la CUP, que reclamaba la prohibición de la “compra especulativa”. Lejos de rechazar la propuesta, Illa aseguró que no descarta estudiar ninguna medida, aunque se cuidó de subrayar que cualquier decisión deberá ser “realista, viable y efectiva”, una fórmula ambigua que parece dejar abierta la puerta a una iniciativa más simbólica que inmediata.
Según explicó, ha encargado a la consellera de Territorio y Sostenibilidad, Sílvia Paneque, que analice la propuesta a la luz de un estudio del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB). El informe sostiene que una prohibición de este tipo podría ajustarse a la legalidad siempre que fuera temporal, limitada y aplicada solo en las llamadas “zonas tensionadas”, donde vive el 90% de la población catalana y ya está vigente el tope de rentas.
El presidente añadió, también en respuesta a la CUP, que el Govern explora limitar el número de viviendas que pueda tener una misma persona, reafirmando su compromiso con una política de vivienda que, según dijo, debe “garantizar este derecho con realismo”. Illa, que ha insistido en presentarse como un dirigente dispuesto a “tomar decisiones valientes”, evitó sin embargo concretar cómo se materializarían estas medidas o cuándo podrían aplicarse.
El estudio del PEMB defiende la compatibilidad de la medida con el derecho constitucional a la propiedad, aunque introduce restricciones para mantener su proporcionalidad. Por ejemplo, permitiría la compra de edificios completos solo si todas sus viviendas se destinan a alquiler habitual (con contratos de cinco o siete años, según el tipo de propietario), y no a usos temporales o turísticos.
En cuanto a las segundas residencias, el documento contempla su adquisición en municipios distintos del de residencia habitual, incluso si están en zonas tensionadas, siempre que sean para uso personal y no con fines de inversión o alquiler.
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