El Gobierno de la Generalitat se enfrenta a su primera gran prueba de fuego en el ámbito escolar. El sindicato separatista USTEC, mayoritario en el ciclo de primaria de la enseñanza pública catalana, ya ha marcado sus líneas rojas ante el Ejecutivo de Salvador Illa. Sus exigencias no buscan la excelencia académica ni la mejora de los recursos en las aulas. Su prioridad sigue siendo el blindaje de una agenda ideológica que ha lastrado el sistema educativo durante décadas.
Salvador Illa no puede ceder ante el chantaje de una organización que actúa como brazo ejecutor del independentismo, y que fue más amable con gobiernos de signo secesionista. Ceder ante sus pretensiones significaría perpetuar un modelo fracasado que prioriza la construcción nacional sobre el aprendizaje. El PSC prometió una etapa de normalidad y respeto institucional en Cataluña. Cumplir esa promesa pasa, inevitablemente, por plantar cara a los sectores más radicales de la comunidad educativa.
USTEC ha demostrado en reiteradas ocasiones que su principal objetivo es la expulsión definitiva del español de la escuela pública. Para este sindicato, la lengua vehicular no es una herramienta de cohesión, sino un instrumento de segregación ideológica. Su obsesión es el control lingüístico estricto.
Esta estrategia colectiva busca imponer un régimen de vigilancia que resulta asfixiante para docentes y alumnos. Se pretende fiscalizar el idioma en el que se comunican los niños en el patio y la lengua que usan los profesores fuera de la lección formal. Este nivel de intervencionismo es impropio de una sociedad democrática y plural. El Gobierno autonómico no debe amparar estas dinámicas de control social en las instituciones públicas.
La actitud de este sindicato vulnera de forma sistemática los derechos lingüísticos de miles de familias hispanohablantes. En Cataluña, el español es la lengua materna de la mayoría de los ciudadanos, pero sigue proscrito en la administración escolar. Negar el derecho a recibir una parte de la educación en castellano es un atropello que el constitucionalismo no puede seguir tolerando por mero cálculo político.
El Ejecutivo del PSC tiene la obligación moral y legal de proteger a estas familias, aunque hasta la fecha Salvador Illa ha actuado en la dirección contraria. Los ciudadanos que reclaman el bilingüismo real no piden privilegios, sino el cumplimiento de las sentencias judiciales. Salvador Illa debe decidir si prefiere ser el presidente de todos los catalanes o el rehén de unos sindicatos instalados en el conflicto permanente. La tibieza en este asunto solo alimentará la desconfianza de sus votantes.
Los resultados del informe PISA han dejado claro el diagnóstico de la educación en Cataluña. El sistema actual, centrado en debates identitarios, está fracasando en lo esencial. Los alumnos catalanes pierden competencias básicas año tras año mientras el debate oficial se reduce a la pureza lingüística. El sindicato USTEC prefiere ignorar la realidad pedagógica para salvaguardar su trinchera ideológica.
La Generalitat debe reorientar sus prioridades de manera urgente hacia la calidad y la neutralidad. El dinero público debe destinarse a reducir ratios, mejorar infraestructuras y prestigiar la figura del profesor. Permitir que USTEC marque la agenda educativa es garantizar que los problemas estructurales de la escuela catalana sigan cronificándose. La educación de las futuras generaciones es demasiado importante para dejarla en manos del activismo.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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