Con los empresarios que no cuenten para dividir el mercado español

El capital y el orbe empresarial deben cumplir básicamente una función social, la creación de riqueza y empleo para alcanzar la meta, que no es otra, que la del bienestar social para todas las personas que componen nuestra Nación.

En su territorio, con un acervo cultural común, pero al mismo tiempo diverso, sus distintas lenguas, la economía Nacional debe asentarse en la unidad de Mercado, para que los resultados de sus actividades sean más fructíferos para sus empresas y trabajadores, que son verdaderamente la base económica de la Nación.

Los empresarios estamos sometidos al cumplimiento de ordenanzas, leyes, decretos, leyes orgánicas y en último término al mandato Constitucional.

Pues bien, creo que aquí debe ser dejada la iniciativa empresarial al libre albedrío solo con el control de la competencia sometida a un tribunal. Cuestión aparte son los bancos que tienen la responsabilidad de negociar con el dinero del público, o servicios que el Estado tiene la inapelable misión de servir, como Sanidad, Educación, Vivienda, etc.

Todo ello acorde a las leyes democráticas que nos hemos dado dentro del marco legal que recoge nuestra Constitución,  que nos ampara a todos los ciudadanos para tener la seguridad de que ningún poder público o privado, usurpara en su beneficio nuestros derechos y libertades.

Queda claro que las leyes democráticas han de ser respetadas y cumplidas, siendo los políticos los primeros que han de dar ejemplo del cumplimiento de las mismas. Pues bien, los empresarios en Cataluña se ven amenazados por la Administración Autonómica con la imposición de liquidaciones y sanciones si no proceden , directa y abiertamente, a incumplir las leyes tributarias estatales, exigiendo de los empresarios, autónomos y profesionales liberales residentes fiscalmente en Cataluña, que autoliquiden e ingresen ante la Agencia Tributaria de Cataluña, y no ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, las cuotas correspondientes a los impuestos sobre las Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto sobre renta de los residentes entre otros, obviando la  falta de competencia para ello.

Todo sumergido en el ámbito del proceso ilegal de desconexión de la legalidad democrática vigente. Y lo que es peor, afectando a los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución Española, en la medida que se pueden ver violentados directamente:

  • El Derecho a la Seguridad Jurídica reconocido en el artículo 9.3 C.E
  • El derecho fundamental a la Igualdad de los Españoles ante la Ley, reconocido y proclamado en los artículos 1, 14 y 139 E
  • El derecho a la Protección de los Datos de carácter personal de raíz y fundamento constitucional, recogido en el artículo 18 C.E y desarrollado mediante la colectiva Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal.

En defensa de los derechos de nuestras empresas y trabajadores, desde Empresaris de Catalunya estamos dispuestos a desobedecer la obligación de cumplir con una ilegalidad que nos quieren imponer desde el Govern y parte del  Parlament  de Cataluña.  Nos negaremos a entregar información fiscal, tanto de nuestros trabajadores como de nuestras empresas a la Administración Autonómica, ni autoliquidar cantidad alguna a la A.T.C que no esté en el ámbito de competencia definida por la ley.

Con los empresarios catalanes que no cuenten para desobedecer las leyes y violentar la democracia en Cataluña. Sabemos muy bien  la inseguridad jurídica e inestabilidad política y las consecuencias que acarrearía para la economía, el crecimiento y el empleo de nuestra Región.

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