En medio de una inflación que no cede, una deuda pública disparada y una economía que no termina de recuperarse, la Generalitat de Cataluña ha decidido dedicar su energía no a aliviar la carga de los ciudadanos, sino a reforzar su maquinaria recaudatoria.
En los últimos meses, la Agencia Tributaria Catalana ha multiplicado su músculo operativo, contratando más personal, ampliando su capacidad tecnológica y elevando su perfil político. Todo, por supuesto, con un objetivo muy claro: que no se le escape ni un euro al ciudadano. Las cesiones de Pedro Sánchez a la Generalitat en materia tributaria están fortaleciendo a una maquinaria siniestra.
Este reforzamiento no responde a un plan de eficiencia o modernización. No. Se trata, simple y llanamente, de la vieja obsesión del nacionalismo catalán: construir estructuras de Estado, cueste lo que cueste. Mientras los servicios públicos sufren recortes y la sanidad vive una situación crítica, el Govern invierte millones en una agencia tributaria propia que sigue sin tener competencias plenas. Pero la simbología pesa más que la sensatez.
Lo más alarmante es el discurso que acompaña esta expansión. Desde el Palau de la Generalitat se insiste en que este fortalecimiento es un paso hacia la “plena soberanía fiscal”. En otras palabras: una nueva embestida independentista con la excusa de la gestión económica. Porque si algo ha demostrado el postprocés es su capacidad de disfrazar como administración técnica lo que en el fondo es un proyecto político rupturista.
Los contribuyentes catalanes, mientras tanto, son los grandes olvidados de este impulso. Pagan más, tienen menos servicios, y ahora también soportan una doble capa de vigilancia fiscal. Porque cuando no es la Hacienda estatal quien llama a la puerta, es la catalana quien pregunta por tus ingresos. Una duplicidad innecesaria que solo sirve para engordar el aparato burocrático del separatismo.
Y que, a medio plazo, se convertirá en una maquinaria tributaria que solo estará en manos del separatismo, cuando la Agencia Tributaria Catalana controle todos los impuestos, lo que el PSOE está dispuesto a ceder. Los socialistas han decidido acabar con la solidaridad interterritorial.
Y mientras se refuerza la agencia tributaria de la Generalitat, ¿qué pasa con el fraude fiscal real? Con los grandes defraudadores, las redes de evasión y el dinero negro que circula en sectores protegidos por ciertos intereses políticos. De eso, poco o nada. La prioridad está en exprimir al contribuyente medio, no en enfrentarse a las estructuras que realmente drenan recursos públicos.
En definitiva, el reforzamiento de la Agencia Tributaria Catalana no es una buena noticia. Es el enésimo ejemplo de cómo el proyecto nacionalista pone el aparato del Estado al servicio de su agenda política, incluso si para ello hay que cargar aún más la mochila fiscal de los catalanes. No es eficiencia: es control. Y no es justicia fiscal: es ideología disfrazada de gestión.
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