La UGT de Cataluña bajo el liderazgo de Camil Ros como secretario general ha abrazado abiertamente postulados independentistas, alineándose de forma cada vez más descarada con los intereses del secesionismo catalán y alejándose de su misión original de defensa de los derechos de los trabajadores. Ha seguido el camino de su antecesor, Pepe Álvarez, que desde la década de los 90 puso este histórico sindicato al servicio del nacionalismo catalán.
Lo que debería ser un espacio de representación plural se ha convertido en un instrumento al servicio de una ideología concreta. Camil Ros, que no esconde su afinidad con el separatismo, dado que ha tenido durante décadas cargos directivos en Esquerra Republicana – llegó incluso a ser el secretario general de sus juventudes – ha sido una figura clave en profundizar el viraje que ya inició Pepe Álvarez, que no olvidemos que en la actualidad es el secretario general de la UGT a nivel nacional.
En lugar de ejercer como garante de los derechos laborales en un contexto de creciente precariedad, ha centrado buena parte de su discurso en cuestiones identitarias, más propias de los partidos políticos que de una organización sindical. Su presencia en manifestaciones independentistas y su silencio ante los abusos del procés han generado un profundo malestar entre los afiliados que no comparten esa visión excluyente. Y ha mostrado su apoyo entusiasta a la política lingüística del separatismo consistente en intentar expulsar al español de la esfera pública y laboral.
Mientras miles de trabajadores sufren por la inflación, los bajos salarios o la falta de estabilidad laboral, este sindicato se dedica a secundar la agenda de los partidos separatistas. Las prioridades están claras: primero la patria, luego, si queda tiempo, los derechos laborales.
Bajo el mandato de Camil Ros, la UGT ha perdido credibilidad ante muchos trabajadores, especialmente entre aquellos que no comulgan con el discurso nacionalista. La neutralidad que debería caracterizar a una organización sindical se ha visto sustituida por un alineamiento político descarado. Lo más grave es que esta deriva no ha sido fruto del debate interno o de un proceso democrático transparente. Ha sido una decisión tomada desde arriba, amparada por la complicidad de una dirección más interesada en las alianzas políticas que en las asambleas de base.
En este contexto, el papel de Camil Ros ha sido especialmente controvertido. En lugar de utilizar su influencia para defender la cohesión social y el diálogo entre diferentes sensibilidades, ha apostado por la confrontación simbólica y por plegarse a los intereses del nacionalismo catalán. No ha dudado en utilizar la marca UGT para respaldar postulados soberanistas, erosionando la confianza de quienes esperan un sindicalismo centrado en lo social y no en lo territorial.
El resultado es un sindicato atrapado en una lógica política que lo distancia de su base trabajadora. Mientras otras delegaciones territoriales de UGT mantienen su compromiso en caer en cuestiones identitarias, la catalana ha optado por el camino del activismo nacionalista. Esto no solo perjudica a la imagen del sindicato en el conjunto de España, sino que también rompe puentes con trabajadores que, independientemente de su origen o idioma, solo buscan mejoras reales en su día a día.
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