La Generalitat de Cataluña ha anunciado la próxima apertura de una nueva “delegación exterior” en China, en Pekín, una iniciativa que ha generado polémica por su elevado coste y su cuestionable legalidad. Esta nueva oficina, que se suma a una extensa red de delegaciones catalanas por el mundo, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites competenciales de una comunidad autónoma en política exterior y el uso de fondos públicos para fines ideológicos.
Cataluña cuenta actualmente con 21 delegaciones internacionales, repartidas entre capitales como París, Berlín, Londres, Nueva York o Buenos Aires. Estas estructuras, que el Govern denomina “embajadas”, operan con un presupuesto conjunto que supera los 20 millones de euros anuales, financiados con fondos públicos. La futura sede en China no será la excepción: su apertura se estima en varios cientos de miles de euros, entre personal, alquiler y mantenimiento. Pero Salvador Illa deseaba usar la apertura de la sede en Pekín como elemento propagandístico durante su estancia en China, y lo anunció a bombo y platillo.
El problema no es solo económico. La Constitución Española, en su artículo 149.1.3ª, otorga al Estado central la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales. Las llamadas embajadas catalanas, sin embargo, actúan de forma paralela —y muchas veces contraria— a la acción exterior del Gobierno de España, generando conflictos diplomáticos innecesarios y transmitiendo una imagen fragmentada del país. Durante el ‘procés’ fueron un foco de agitación, y durante el ‘postprocés’ se dedicaron a la propaganda de lo que el separatismo llamaba «presos políticos y exiliados».
Además, estas oficinas no responden a una verdadera demanda ciudadana ni empresarial. Las supuestas labores de promoción cultural, económica y turística que justifican su existencia ya se cubren con eficacia desde las embajadas oficiales de España y sus oficinas comerciales. Lejos de resolver problemas reales, estas delegaciones parecen estar concebidas como herramientas propagandísticas al servicio del proyecto separatista.
El caso de la delegación catalana en Bruselas es especialmente revelador: tras su huida de la justicia española sirvió como base de operaciones para Carles Puigdemont, generando tensiones con la diplomacia española y cuestionamientos legales por parte del Tribunal Constitucional. A pesar de estas advertencias, el Govern insiste en multiplicar estas oficinas como si se tratara de un Estado independiente en ciernes.
La embajada en China no es más que el último capítulo de una política exterior paralela que busca internacionalizar un conflicto interno que la mayoría de catalanes ya no considera prioritario. Más que defender intereses comunes, estas oficinas solo perpetúan la división y alimentan la narrativa de confrontación con el Estado.
No se puede permitir que una comunidad autónoma actúe como si fuera un Estado soberano, menos aún cuando lo hace a costa del bolsillo de todos los ciudadanos. Las llamadas embajadas catalanas son, en esencia, un derroche inaceptable disfrazado de diplomacia. Pero con un Pedro Sánchez entregado a los partidos separatista, el Gobierno de España seguirá no solo permitiendo, sino que alentará, estos desmanes.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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