La batalla por la dignidad lingüística se libra cada día en los tribunales de Cataluña. No es una lucha por la supremacía, sino por la equidad y el sentido común. Son los padres y madres coraje quienes, con una valentía admirable, alzan la voz y acuden a la justicia para reclamar lo que es de sus hijos: el derecho a recibir una enseñanza donde el castellano sea también lengua vehicular. Su acción no es solo un acto de rebeldía, sino una defensa de la libertad y de un idioma global.
La Generalitat ha impuesto un modelo monolingüe que margina el castellano. Esta imposición secesionista busca diluir la presencia de un idioma hablado por cientos de millones de personas. El argumento esgrimido por el separatismo es simple: la inmersión total en catalán es necesaria. La realidad es que se está privando a los jóvenes de alcanzar un registro culto y formal de la segunda lengua más importante del mundo.
Resulta incomprensible y sumamente preocupante la pasividad del PSC y del PSOE ante este atropello. El partido que debería ser el garante de la Constitución y de los derechos lingüísticos de todos los españoles opta por la complicidad silenciosa. Este silencio es, de hecho, un aval a las políticas de exclusión lingüística del secesionismo. Parece que la supervivencia del gobierno es más importante que la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos en Cataluña.
Los socialistas están demostrando una alarmante claudicación ante el nacionalismo. Permiten que la Generalitat imponga su rodillo ideológico en las aulas. Esta traición a los principios socialdemócratas tiene un coste muy alto: el futuro educativo de miles de niños. Es una posición inaceptable para un partido que se autodenomina de Estado.
La situación es especialmente visible en provincias como Gerona y Lérida. Allí, la presión para imponer el catalán como única lengua de enseñanza es asfixiante. Los padres que reclaman el bilingüismo son, a menudo, señalados. Deben enfrentarse no solo a la burocracia, sino también a un clima de hostilidad.
El castellano es mucho más que una asignatura. Es una herramienta cultural, una llave económica y un vínculo con una comunidad global inmensa. Negar a un niño la posibilidad de dominarlo en todos sus registros es un empobrecimiento educativo deliberado. Los tribunales están actuando como último recurso ante la inacción política.
Las sentencias que dan la razón a estos padres son un triunfo de la ley sobre la imposición sectaria. El Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo han sido claros: el castellano debe tener presencia vehicular en la enseñanza. Sin embargo, la Generalitat se niega a acatar las resoluciones judiciales de forma efectiva.
Este incumplimiento flagrante de las resoluciones judiciales se produce ante la mirada indolente del Gobierno central. El PSOE no presiona con la contundencia necesaria para garantizar el cumplimiento de la ley. Su falta de firmeza envía un mensaje desolador: el Estado de Derecho se negocia en función de intereses políticos.
Los padres que se ven obligados a litigar en los juzgados para defender los derechos de sus hijos merecen todo el reconocimiento social. Son la primera línea de defensa contra un proyecto separatista que busca la desconexión total. Su esfuerzo es un recordatorio de que la sociedad civil puede y debe oponerse a los abusos de poder.
Es hora de que el PSC y el PSOE abandonen su cálculo electoral y asuman su responsabilidad constitucional. Deben garantizar que el castellano recupere el lugar que le corresponde en las escuelas catalanas, un lugar que nunca debió perder. La libertad lingüística no es una concesión; es un derecho inalienable.
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