El Govern afirma que setecientos alcaldes estuvieron el sábado en la Plaça de Sant Jaume, pero es necesario que recordar que en Cataluña hay 947 municipios. Como el PSC no ostenta las 247 alcaldías restantes queda claro que muchos alcaldes escogidos en listas de ERC, la antigua CiU o independientes no están avalando la actuación ilegal y antidemocrática del Ejecutivo de Carles Puigdemont.
Hay que destacar el descarado tacticismo de Ada Colau, ya que a la vez que hace proclamas políticas vacías de contenido la maquinaria legal-administrativa de Barcelona funciona con normalidad y por lo tanto la contradice. Un ejemplo de ello es la actuación de la Guardia Urbana en un puesto electoral por el ‘Sí’ del PDECAT casi a la misma hora en la que ella escuchaba los gritos de “independencia” de los alcaldes a los que recibió en el Ayuntamiento.
Es imprescindible recordar que, aunque los Ayuntamientos retiren la bandera de España de sus balcones y salas de plenos, la financiación del Estado es imprescindible para el correcto funcionamiento de un municipio y su sostenibilidad económica.
Como ejemplo es conveniente explicar que algo más del 30% de los ingresos de un Ayuntamiento provienen de un pago mensual a cuenta de la liquidación de parte de los impuestos estatales que se recaudan en un municipio: Impuesto de Sociedades, IRPF, IVA y otros. A este pago se le llama ‘Participación en Ingresos del Estado (PIE)’ y es un ingreso que el Ministerio de Hacienda realiza de forma puntual. Es fundamental saber que dicho dinero es de libre disposición para el consistorio.
También hay que difundir, cuando los alcaldes secesionistas declaran alegremente su disposición a romper con España, que se recuerde que el Gobierno central, vía presupuestos generales del Estado, por ejemplo, financia parte del transporte público urbano, y que esas aportaciones son fundamentales para evitar un incremento del coste del billete.
Sin olvicar los centenares de convenios que firman los ayuntamientos catalanes con ministerios y otros organismos del Estado, por ejemplo para la cesión de edificios o espacios, para tareas de mejoras de Renfe, para peatonalización por el paso por cascos urbanos de carreteras nacionales, para la realización de obras de canalización de rieras, y un largo etcétera.
Sin esas aportaciones y convenios los Ayuntamientos catalanes simplemente colapsarían económicamente.
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