La presión sobre los alcaldes será máxima por parte no solo del Gobierno secesionista, sino de los militantes separatistas más activos. El objetivo es que los municipios que cedan locales municipales y acepten colaborar con la organización de la consulta ilegal del 1 de octubre. El partido que será más afectado por la agitación independentista a nivel local será el PSC, dado que es la formación constitucionalista que tiene una mayor presencia en los gobiernos municipales.
Como muestra de lo que espera de aquí al 1 de octubre están las manifestaciones independentistas que se celebraron hace unos días en diversas localidades como Mataró para pedir al alcalde, David Bote (PSC), que cediera espacios municipales para el referéndum.
Bote gobierna en Mataró gracias a un acuerdo con el PDECAT. A la concentración secesionista solo fueron 300 personas en una población de más de 125.000 habitantes, pero lo vendieron como “una clara prueba de la voluntad de la ciudadanía de Mataró”.
Esta situación se repitió al día siguiente en docenas de localidades sobre todo en aquellas en las que el PSC está en minoría, como Lleida o Tarragona. Los alcaldes han de respetar la Ley y aguantar las presiones, porque está en juego la democracia y el Estado de derecho.
Por suerte, alcaldesas socialistas como Núria Marín (L’Hospitalet) y Núria Parlón (Santa Coloma), entre otros ediles del PSC – como el mismo David Bote – ya han indicado a la Generalitat que respetarán la legalidad y no colaborarán con la consulta ilegal.
Este es el camino, que ojalá siga Ada Colau: de momento parece que así será, que respetará la legalidad, pero dada la lista de declaraciones y contradeclaraciones suyas y de su equipo de gobierno en las últimas semanas habrá que esperar hasta el último momento para comprobar si cambia de criterio o no.
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