Aunque la mayoría de Alcaldes catalanes sean de ERC y CiU (ahora PDECAT) y cara a la opinión pública estén comprometidos a tope con el Procés la inquietud en las Casas Consistoriales catalanas no para de crecer a medida que se avecina el Día D de la aprobación de las Leyes de Desconexión.
¿Cuál es la razón de esta desazón? Poderoso caballero es don dinero.
Casi el 40% de los ingresos de los Ayuntamientos catalanes, como de los del resto de España, dependen de una partida llamada PIE (participación en los ingresos del estado). ¿Qué es eso? Pues el pago de una cuota fija que el Ministerio de Hacienda realiza cada mes en las arcas de todos los ayuntamientos.
Esta partida, la más importante de los ingresos de un Ayuntamiento, además tiene la virtud que, a diferencia de otros ingresos procedentes de tasas que pagamos los ciudadanos o subvenciones finalistas, es dinero de libre disposición. O sea, que los Ayuntamientos los pueden dedicar a lo que les dé la gana: pagar nóminas, organizar fiestas, subvencionar al Omnium e incluso a realizar alguna obra o dar algún servicio destinado al bien común.
¿Y cómo se calcula la PIE? Pues muy fácil: el Ministerio de Montoro realiza un cálculo de que ingresa en sus arcas procedente de los impuestos que cobra en cada municipio de España: sociedades, IVA, IRPF, etc… y una parte se la devuelve a los vecinos vía Ayuntamiento.
¿Por qué crece la inquietud de los Alcaldes, incluidos los separatistas? Porque Junqueras y su troupe están desarrollando la Agencia Tributaria Catalana.
Es algo complejo pero vale la pena explicarlo: la mayoría de Ayuntamientos, al ser pequeños, no dispone de los recursos humanos ni técnicos para cobrar tributos como por ejemplo el IBI, que es el impuesto más importante de un Ayuntamiento seguido del Impuesto de circulación. Para suplir esa carencia lo que hacen es firmar acuerdos con la Diputación y ceden esa gestión a la administración provincial la cual realiza esa labor por cuenta de los ayuntamientos a cambio de un % de la recaudación. El hecho, inquietante, es que las 4 diputaciones catalanas, ahora en manos separatistas, son el embrión de la agencia tributaria catalana y por lo tanto también se desconectarán de la Agencia Tributaria Española, si los planes del actual gobierno catalán se llevan a cabo.
Si eso sucede, los Ayuntamientos catalanes dejarían de recibir datos clave para su gestión no solo tributaria sino también urbanística, como es la información sobre el catastro, de altas de vehículos para cobrar la tasa de los vados, de la Seguridad Social para presetar servicios sociales, etc… . En estas circunstancia la gestión municipal, el pago de nóminas a funcionarios, el pago de servicios y contratas como seguridad, iluminación, basura o servicios sociales colapsaría en pocas semanas dado que, además, los bancos, al no tener el aval de los ingresos del estado, dejarían de prestar dinero a los Ayuntamientos.
Y usted, amable lector se preguntará: ¿pero eso da igual no? ¡La Generalitat podrá suplir al estado! Pues no. El dinero que la Generalitat transfiere a los Ayuntamientos es poco más del 10% del que reciben del Estado, y además paga tarde y mal.
Es más, junto a la PIE el estado realiza otras transferencia finalistas a los Ayuntamientos como por ejemplo una subvención para aquellos municipios que tienen servicio de transporte público, la cesión de una parte del 1% cultural del ministerio de cultura, y otros ingresos.
Junto a esto no hay que olvidar que los Ayuntamientos tienen al frente de la administración a funcionarios que se denominan de habilitación nacional, o sean que han aprobado oposiciones de ámbito nacional y dependen del Ministerio de Administraciones Territoriales (Hacienda). Unos funcionarios en puestos clave como Secretario, Intervención o Tesorería. Muchos de ellos podrán ceder a la presión ambiental independentista, pero otros no.
Así pues, en la hora de la verdad, no solo tendremos que ver cuánto le tiemblan las piernas a Junqueras en la firma del decreto que puede inhabilitarle e impedirle su sueño de presidir la Generalitat, sino el schock que el Procés puede provocar en los 900 ayuntamientos catalanes.
De todo esto a nuestros procesistas no les gusta hablar, porque ni tiene solución a este tipo de problemas que, por cierto crean ellos, ni les conviene que se hable de ello. La indepedencia tiene que seguir siendo un cataplasma mágico. Pongámoslo pues sobre la mesa a ver, ahora, que inventan.
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