El gobierno socialista de Lleida ha vuelto a demostrar que su gestión se basa más en el titular efectista que en la realidad jurídica. Bajo una supuesta voluntad de prohibir el burka, el PSC ha presentado una ordenanza que, en la práctica, hace exactamente lo contrario. Estamos ante una maniobra de propaganda electoral diseñada para engañar al ciudadano mientras se mantiene el ‘statu quo’.
Xavier Palau (PP), jefe de la oposición en la Paeria, ha dado la voz de alarma ante lo que considera una falta de verdad flagrante. No se trata de una prohibición real, sino de una regulación encubierta que dota de legalidad a una prenda que atenta contra la dignidad de la mujer. El texto redactado por el equipo de gobierno es un laberinto de contradicciones que solo genera confusión.
La trampa se esconde en la letra pequeña de la propuesta, concretamente en el artículo 12.3 de la nueva normativa municipal. Aunque el enunciado pretende prohibir la ocultación del rostro en espacios públicos, las excepciones introducidas vacían de contenido la norma. Es el estilo clásico del socialismo: anunciar una medida contundente para luego desactivarla mediante matices técnicos.
La primera excepción permite cubrirse el rostro si así lo dictan las «costumbres sociales aceptadas» de cada zona. Esta redacción es sumamente peligrosa, ya que abre la puerta a la creación de guetos dentro de la ciudad de Lleida. ¿Está sugiriendo el PSC que habrá barrios con normas distintas donde la ley general no se aplique?
Permitir que el uso de estas prendas dependa del entorno social supone una rendición del Estado de derecho ante el comunitarismo. Fragmentar la ciudad en función de las costumbres locales es el primer paso para consolidar sociedades paralelas. La seguridad ciudadana y la igualdad no pueden depender de la calle o el código postal en el que se encuentre el ciudadano.
La segunda vía de escape que ofrece la ordenanza es la invocación de los derechos fundamentales y la libertad religiosa. Este blindaje legal hace que la prohibición sea, a efectos prácticos, totalmente inoperante en el día a día. Cualquier persona que vista el burka podrá alegar motivos religiosos para evitar la sanción administrativa en la vía pública.
Es ingenuo pensar que una mujer bajo coacción va a declarar ante la autoridad que viste la prenda por obligación y no por fe. Con esta cláusula, el PSC traslada la responsabilidad a la víctima y garantiza que ninguna sanción llegue a prosperar jamás. El resultado es una inseguridad jurídica absoluta tanto para la Guardia Urbana como para los propios ciudadanos. El PP ha difundido en redes un vídeo en el que se ve dos mujeres con burka en el centro de Lleida, para desmentir la afirmación de Salvador Illa que no se ve esta prenda en la vía pública.
La propuesta socialista no resuelve el problema de la convivencia ni el de la integración, sino que los complica todavía más. En lugar de ofrecer claridad, el gobierno municipal ha optado por un texto que legitima de facto el uso del velo integral. Es una regulación disfrazada de prohibición que no busca proteger a la mujer, sino salvar la papeleta electoral.
Desde la oposición se exige que, si realmente existe la voluntad de prohibir estas vestimentas, se haga sin ambigüedades ni rodeos. Las falsas esperanzas generadas por el gobierno de Lleida solo sirven para alimentar la desconfianza en las instituciones. Una administración seria no puede permitirse jugar con conceptos tan delicados para obtener un rédito político inmediato.
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