El Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) ha decidido elevar el tono contra la justicia aragonesa. La institución ha presentado un recurso contundente contra la providencia que ordena el traslado de los murales de Sijena. La tensión institucional crece mientras el centro artístico se atrinchera para evitar la salida de las piezas.
La dirección del museo reprocha a la jueza de Huesca una supuesta falta de rigor en su decisión. Según el escrito, la magistrada ha ignorado de forma absoluta las pruebas periciales aportadas por la parte catalana. El MNAC sostiene que el tribunal no ha valorado los riesgos técnicos reales que conlleva mover unas pinturas de tal fragilidad.
El conflicto se centra en el calendario impuesto por el juzgado número 2 de Huesca. La justicia ha fijado un plazo de 56 semanas para ejecutar la devolución de las obras a Aragón. Esta cifra recorta las 64 semanas que solicitaba el museo para garantizar un traslado seguro y sin sobresaltos técnicos.
Desde el museo se advierte de que el traslado podría causar «daños irreparables» en el conjunto pictórico. El escrito denuncia que la jueza ha hecho oídos sordos a los informes que alertaban sobre la vulnerabilidad del patrimonio. Esta resistencia numantina cuenta con el beneplácito tácito de una administración catalana que elude sus responsabilidades.
Resulta llamativa la inacción de los responsables políticos vinculados al PSC y al PSOE en este conflicto. Mientras el museo arremete contra el Poder Judicial, el Gobierno central y la Generalitat mantienen un perfil bajo que roza la complicidad. La falta de firmeza para cumplir las sentencias judiciales es ya una marca de la casa en la gestión socialista.
El MNAC califica la actuación del tribunal de «confusa y errática» respecto al cronograma de cumplimiento. Critican que se haya fijado una fecha límite sin esperar a las alegaciones de otras partes implicadas. Para el museo, la jueza ha actuado con una celeridad que pone en peligro la integridad física de las pinturas románicas.
En un giro sorprendente, el recurso apela directamente a la Constitución Española para frenar la sentencia. El escrito cita el artículo 46, que obliga a los poderes públicos a garantizar la conservación del patrimonio histórico. El museo utiliza la propia Carta Magna como escudo para desobedecer, o al menos dilatar, un mandato judicial firme.
La estrategia es clara: señalar a la magistrada de Huesca como responsable de un posible desastre artístico. Al acusar al Poder Judicial de incumplir sus deberes constitucionales, el MNAC busca ganar tiempo y deslegitimar el proceso. Es la vieja táctica de judicializar la gestión técnica para no acatar lo que no gusta.
La fecha límite marcada en el calendario es el 10 de mayo de 2027. Hasta entonces, el conjunto mural de Santa María de Sijena seguirá siendo objeto de una batalla legal y política agotadora. El retraso sistemático parece ser la única política patrimonial de una Generalitat que prefiere el conflicto al cumplimiento de la ley.
Estamos ante un nuevo episodio de deslealtad institucional amparado por la debilidad política de quienes deberían velar por el orden. Si el MNAC se pone «chulo» con la justicia, es porque sabe que el socialismo actual no tiene voluntad de hacer cumplir las sentencias en Cataluña. El patrimonio de todos vuelve a ser rehén de la conveniencia política del momento.
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