La justicia ha vuelto a poner en su sitio el delirio procesal del separatismo catalán. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha inadmitido de forma tajante la querella presentada por cinco exconsellers de Cultura contra la magistrada que ordenó el traslado de las pinturas de Sijena. Los magistrados no solo descartan cualquier delito, sino que subrayan la legitimidad de una actuación judicial que solo buscaba cumplir la ley.
Lluís Puig, Laura Borràs y el resto de querellantes intentaron judicializar una decisión administrativa bajo la acusación de prevaricación. El TSJA responde ahora que la jueza de Huesca actuó conforme a derecho y cumplió con su deber constitucional de ejecutar lo juzgado. Se desmonta así el relato de una supuesta persecución política orquestada desde las instituciones aragonesas y el poder judicial.
Resulta especialmente sangrante que el socialismo, tanto en Madrid como a través del PSC, haya contemporizado sistemáticamente con estos perfiles que ahora reciben un correctivo judicial. La permisividad del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante el desacato institucional en Cataluña ha alimentado durante años esta sensación de impunidad. Los exconsellers parecen haber olvidado que la ley es igual para todos, incluso para quienes se creen por encima de ella.
El auto del tribunal va más allá de la simple inadmisión y advierte de posibles represalias legales contra los demandantes. El TSJA examinará si hubo abuso de derecho o mala fe procesal al presentar una querella sin fundamentos básicos. Esta posible sanción pone de relieve la temeridad de una clase política que utiliza los recursos públicos para colapsar los juzgados con causas ideológicas.
Mientras el abogado Jaume Alonso-Cuevillas ya amenaza con recurrir al Tribunal Constitucional, la realidad es que el tiempo se agota para el independentismo. Sus argumentos sobre el riesgo de las pinturas murales se perciben como una maniobra de distracción para evitar el retorno del patrimonio a su origen. Es una estrategia de tierra quemada que busca dilatar lo inevitable a cualquier precio.
El Gobierno de Aragón, por su parte, ha celebrado el fin de lo que consideran una «aventura judicial» estéril. Para el Ejecutivo aragonés, este carpetazo supone el impulso definitivo para que las pinturas regresen a su emplazamiento original en Sijena. Es una victoria del Estado de derecho frente a las propuestas surrealistas que han marcado la gestión cultural de la Generalitat en la última década.
El mensaje del tribunal es nítido: no se pueden utilizar los tribunales como una extensión de la propaganda política. La falta de fundamentos en la querella de los exconsellers es una muestra de la decadencia institucional que arrastra Cataluña. Se ha pasado de la gestión eficiente de la cultura a la utilización del patrimonio como arma arrojadiza contra otras regiones españolas
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