El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha vuelto a tirar de manual socialista este martes en el Parlament: anunciar cifras millonarias de viviendas que supuestamente se construirán, sin aportar ni calendario ni presupuesto. Esta vez, la promesa asciende a 214.124 pisos a través de colaboración público-privada, de los cuales entre el 40% y el 50% serían de protección oficial permanente. El resto, por tanto, serían viviendas privadas, lo que desmonta el supuesto objetivo social del proyecto. Pero más allá de los números inflados, lo que crece es la desconfianza, porque los socialistas ya han demostrado en múltiples ocasiones que donde dicen construir, solo hay humo.
No hay que ir muy lejos para comprobarlo. Hace justo un año, en el mismo debate de política general, Illa prometía levantar 50.000 pisos de alquiler social antes de 2030. En los doce meses transcurridos, no solo no se ha avanzado en esa dirección, sino que ni siquiera se han ofrecido datos verificables de ejecución, ni presupuestos concretos, ni cronogramas. Simplemente, la promesa ha sido enterrada por una nueva, más espectacular, que busca titulares pero no soluciones reales.
La estrategia es ya una marca registrada del PSOE. En abril de 2023, Pedro Sánchez anunciaba a bombo y platillo la construcción de 184.000 viviendas en toda España. ¿El resultado real? Apenas 20.000 en marcha, muchas de ellas heredadas de proyectos anteriores o reutilizadas para engordar las cifras. La diferencia entre el discurso y los hechos es abismal, y lo peor es que ni siquiera se ofrecen explicaciones sobre este incumplimiento masivo.
Los socialistas utilizan el problema de la vivienda como arma electoral, sabiendo que es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Prometen miles de pisos cada vez que se acercan unas elecciones o un momento político clave, pero la realidad en la calle no cambia. Los precios del alquiler siguen disparados, los jóvenes no pueden emanciparse y el parque público de vivienda social en España sigue estancado en mínimos vergonzosos, muy por debajo de la media europea.
La falta de concreción en los anuncios es parte del problema. Ni Illa ni Sánchez han detallado cómo se financiarán estos proyectos, qué suelo se destinará, quiénes serán los promotores implicados ni cuál será el modelo de colaboración público-privada. Sin esa información, todo queda en una nebulosa propagandística que no resiste el más mínimo análisis técnico o económico. Son promesas sin ladrillos, cifras infladas que no se traducen en soluciones reales.
Los gobiernos socialistas, tanto en Cataluña como en el resto de España, han tenido décadas para demostrar su compromiso con la vivienda asequible. Frente a esta realidad, las promesas grandilocuentes no hacen más que agravar el cinismo institucional y la frustración social.
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