Alberto Fernández Díaz, presidente de Barcino5G, ha presentado las 41 alegaciones que la asociación ha presentado durante el proceso de información pública y que deberán ser debatidas un próximo pleno del Ayuntamiento en el que se deberá aprobar definitivamente la Ordenanza de Civismo o de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público.
Alberto Fernández ha manifestado que “quien no respeta la ciudad de acogida no puede aspirar a beneficiarse derechos si incumple con sus obligaciones”. Defiende que “la vivienda al ser un bien caro y escaso debe constatarse una permanencia continuada y legal de diez años, de arraigo, para ser acreedor a la misma y de respeto, de civismo sin infracciones reiteradas a la Ordenanza”.
Una de las propuestas de esta entidad es que «el Ayuntamiento ha de disponer de los efectivos necesarios de Guardia Urbana, aprobar un nítido nomenclátor de infracciones y un aplicable Catálogo o relación de prestaciones alternativas a la sanción económica y de trabajos en beneficios de la comunidad y garantizar el funcionamiento pleno de los servicios municipales, en particular, los sociales y de limpieza, entre otros».
También propone que «el Ayuntamiento dará respaldo económico y jurídico a las personas o entidades perjudicadas por actos incívicos» y que «se constituirá en acusación particular en aquellos de especial gravedad que conlleven responsabilidad penal y o alarma ciudadana». Y que se incorpore «como comportamiento incívico por no respetuoso la burla a las creencias religiosas, de sentimiento de pertenencia, o a instituciones como la Casa Real o a las banderas oficiales».
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