La Generalitat sigue desafiando la lógica democrática de un Estado de derecho como España, y en unas declaraciones a RAC 1 el consejero de Territorio, Josep Rull, aseguró que convocarán la consulta ilegal del 1 de octubre aunque el Tribunal Constitucional decida su suspensión.
«Lo que haremos como Govern es obedecer una ley que ha sido aprobada por el Parlament de Catalunya y le daremos plena vigencia», afirmó Rull, debido a que creen que le asisten dos derechos reconocidos internacionalmente: el principio democrático, que reconoce el referéndum como una operación democrática, y el derecho de excepción, que les permite sortear al TC, según su parecer.
Rull defendió que el derecho de excepción les permite incumplir con el derecho español porque el Govern ha intentado de «buena fe» pactar el referéndum y, al negarse el Estado, la Generalitat considera que puede elaborar una ley catalana para hacer la consulta. El Gobierno de Puigdemont reinterpreta la realidad jurídica no en función de la jurisprudencia internacional, sino en función de sus deseos.
Ninguna nación democrática mínimamente seria les hará caso. Tal vez Maduro y algún pequeño país al que puedan untar con los fondos públicos que debería gastarse en la sanidad y en la educación en Cataluña.
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