El Parlament de Catalunya ha decidido recurrir la sentencia que anulaba la exigencia del nivel B2 de catalán para los conductores de la cámara, en un nuevo episodio del debate sobre el uso de la lengua en la administración pública. La resolución judicial, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tras una demanda de Convivencia Cívica Catalana, había cuestionado la validez de este requisito lingüístico en el proceso de selección de personal.
El presidente del Parlament, Josep Rull, ha mostrado su desacuerdo con la decisión judicial y ha defendido la necesidad de garantizar el conocimiento del catalán entre los trabajadores de la institución. Rull ha cargado contra el TSJC, al considerar que la sentencia supone una injerencia en la autonomía del Parlament para fijar sus propios criterios de contratación.
La cámara catalana argumenta que el uso del catalán forma parte de su funcionamiento habitual y que exigir un determinado nivel lingüístico responde a criterios de servicio público y de normalización lingüística. En este sentido, sostiene que los trabajadores deben poder comunicarse con los diputados y con la ciudadanía en la lengua propia de Catalunya. La justicia dictó que el requisito que pedía el Parlament era excesivo para el puesto de trabajo ofertado, dando así la razón a Convivencia Cívica.
El recurso presentado busca revertir la anulación del requisito y reafirmar la capacidad del Parlament para establecer condiciones laborales vinculadas al conocimiento de idiomas oficiales. La decisión final sobre el recurso podría tener implicaciones relevantes en la definición de los criterios lingüísticos dentro de la administración catalana, así como en el equilibrio entre resoluciones judiciales y competencias institucionales.
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