El miedo se ha instalado en las calles de Cataluña. Los ciudadanos, hartos, han alzado la voz para denunciar el aumento de la delincuencia y una inmigración ilegal sin control que está destrozando la convivencia vecinal. Localidades como L’Hospitalet, Terrassa, Sabadell o Mataró, antes tranquilas, se han convertido en un foco de tensión constante.
Sin embargo, los alcaldes en manos del PSC y los Comunes siguen atrincherados en la negación. La respuesta oficial es siempre la misma: se trata de una «sensación de inseguridad» fabricada, dicen, por «los bulos de la extrema derecha». Una justificación que choca frontalmente con la realidad de las protestas ciudadanas. Hay multitud de vídeos en redes sociales como YouTube en el que se narra la inseguridad que sufre Barcelona y alrededores. Especialmente sangrante es el caso de L’Hospitalet, con un alcalde, David Quirós, especialista en esconder la cabeza bajo el ala para no afrontar los problemas de seguridad.

La hipocresía política es evidente. Mientras los vecinos se enfrentan a diario a la lacra de los robos, los hurtos y la ocupación ilegal, los ayuntamientos socialistas y de extrema izquierda se limitan a minimizar el problema. Los enfrentamientos entre la ciudadanía y los delincuentes, o los okupas, se extienden por toda la geografía catalana, desde Salt hasta Manlleu.
La inseguridad ha dejado de ser un asunto puntual. Se ha convertido en una emergencia que afecta a todo el territorio y que exige medidas contundentes. Los partidos que sigan ignorando la destrucción de los barrios serán castigados sin contemplaciones en las urnas.

El PSC, a pesar de sus intentos de mostrar preocupación, sigue aplicando solo medidas cosméticas. Su líder, Salvador Illa, está inquieto y con razón. Las encuestas no le sonríen, con una tendencia a la baja que pone en riesgo el liderazgo socialista en Cataluña.
El panorama político catalán es volátil. Mientras Junts per Catalunya vive un periodo de eclosión, y Esquerra Republicana está dividida y desdibujada, los socialistas no consiguen despegar. Se mantienen estancados en los 42 escaños, pero en un mundo irreal que pronto puede desmoronarse.
Si el PSC continúa en su burbuja de negación, podría llevarse una sorpresa mayúscula. La primera fuerza en las próximas elecciones podría venir de candidaturas con un discurso muy firme en seguridad, como se perfila en Ripoll con Silvia Orriols.
Partidos como VOX y el Partido Popular están recogiendo el descontento popular gracias a un discurso claro y sin complejos contra la delincuencia. La batalla electoral se jugará, más que nunca, en el terreno de la seguridad y el orden público.
Aunque la regulación del turismo es necesaria, debe abordarse con moderación y realismo para no dañar un motor clave de la economía. El verdadero desafío inaplazable es la lucha sin cuartel contra la delincuencia común y, de manera crucial, contra la inmigración ilegal descontrolada. Esta última se ha convertido en la gran pesadilla de muchos catalanes. Es el momento de que Illa deje de mirar hacia otro lado y afronte con decisión la recuperación del orden en los barrios.
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