La madrugada de este 15 de agosto ha dejado al descubierto el progresivo deterioro de la seguridad ciudadana en las calles catalanas. Dos tiroteos consecutivos registrados en Barcelona y Terrassa demuestran que la delincuencia opera con total impunidad. La inacción institucional y los discursos buenistas de la izquierda gobernante del PSC siguen alimentando una sensación de desamparo absoluto entre los vecinos.
El primer suceso tuvo lugar alrededor de la una de la madrugada en el distrito barcelonés de Sant Andreu. Varios residentes de la calle de Arbeca, en el barrio del Bon Pastor, alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar una ráfaga de disparos. Los agentes de la policía autonómica desplazados al lugar no encontraron a ningún sospechoso, pero recogieron once vainas percutidas como prueba de la gravedad del ataque.
Apenas sesenta minutos después, el teléfono 112 volvió a sonar, esta vez desde la avenida de Madrid de Terrassa. Varios testigos presenciales afirmaron que los ocupantes de un vehículo abrieron fuego de manera indiscriminada contra un grupo de ciudadanos de origen sudamericano antes de darse a la fuga a gran velocidad. El patrón se repitió: cuando las patrullas llegaron al punto indicado, los agresores ya habían desaparecido sin dejar rastro.
A pesar de que las patrullas policiales detectaron manchas de sangre en el pavimento, la escena inicial no presentaba ninguna víctima. Sin embargo, poco más tarde, los responsables sanitarios de la Mútua de Terrassa confirmaron la llegada de un varón que presentaba una herida por impacto de bala. Los agentes permanecen pendientes de tomarle declaración para determinar su vinculación directa con el ataque perpetrado desde el automóvil.
La coincidencia temporal y la extrema violencia de ambos incidentes evidencian una falta flagrante de efectivos y de respaldo político del PSC a las fuerzas de seguridad. Los Mossos d’Esquadra han abierto investigaciones paralelas para esclarecer los hechos, pero la realidad objetiva es que actualmente no hay ningún detenido ni sospechoso localizado por ninguno de los dos episodios.
Mientras la Administración autonómica insiste en maquillar las estadísticas de criminalidad, la presencia de armas de fuego en la vía pública ha dejado de ser un hecho aislado. La combinación de fronteras permeables, falta de autoridad policial y tibieza penal está convirtiendo barrios enteros de la periferia urbana en escenarios recurrentes de ajustes de cuentas.
Las políticas orientadas a relativizar la delincuencia en lugar de combatirla con firmeza están mostrando sus trágicas consecuencias. La ciudadanía contempla con lógica inquietud cómo la violencia armada se consolida en las calles ante el silencio cómplice de unos gobernantes más preocupados por la corrección política que por proteger a sus vecinos.
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