La localidad barcelonesa de Mataró – gobernada por el PSC, siendo el gobierno autonómico también socialista – ha vuelto a ser escenario este martes de una de las imágenes más dolorosas que deja la actual crisis habitacional. Los juzgados han ordenado la ejecución de un lanzamiento que deja al descubierto las costuras de un sistema social incapaz de ofrecer soluciones reales y anticipadas.
El protagonista de esta triste jornada es un núcleo familiar de siete miembros asentado en el barrio de Cerdanyola. Entre ellos destaca un hombre con un grado de discapacidad del ochenta y siete por ciento, su hermana y tres hijos, uno de ellos menor de edad y otros dos mayores, uno diagnosticado con autismo.
Estas personas llevaban once años residiendo de forma ininterrumpida en régimen de alquiler en el inmueble ahora en manos de un fondo de inversión. La propiedad, según las denuncias de colectivos sociales locales, se cerró en banda a cualquier tipo de negociación para facilitar la continuidad de los inquilinos.
Desde primera hora de la mañana, en torno a las seis y media, un amplio despliegue de furgones de los Mossos d’Esquadra – cuya responsable es la consejera socialista Núria Parlon – acordonó el perímetro. El objetivo era garantizar el cumplimiento estricto del mandato judicial ante la tensa concentración de vecinos y activistas que acudieron para intentar frenar la acción policial.
Este tipo de situaciones ponen de manifiesto el abismo existente entre el relato gubernamental de la izquierda y la cruda realidad de la calle. Las formaciones de izquierda que ocupan el poder en Madrid y Cataluña llevan años agitando pancartas y prometiendo blindajes absolutos contra los desahucios de colectivos vulnerables.
Sin embargo, la acumulación de leyes intervencionistas y decretos ideológicos no ha hecho más que crispar el mercado del alquiler y reducir la oferta disponible. En lugar de generar incentivos y seguridad jurídica para proteger tanto al propietario como al inquilino honesto, se ha optado por un dogmatismo que desprotege al eslabón más débil.
El problema de la vivienda en Cataluña requiere rigor técnico, incentivos a la iniciativa privada y una gestión profesionalizada, lejos del populismo demagógico que solo busca rédito electoral. Cada desahucio de estas características es un rotundo fracaso colectivo de las instituciones públicas.
La izquierda española y catalana prefiere buscar culpables externos antes de admitir que sus recetas intervencionistas han fracasado estrepitosamente. Mientras los boletines oficiales se llenan de buenas intenciones teóricas, las familias vulnerables continúan desamparadas a las puertas de sus casas.
NOTA: elCatalán.es necesita ayuda para poder seguir con nuestra labor de apoyo al constitucionalismo y de denuncia de los abusos secesionistas. Si pueden, sea 2, 5, 10, 20 euros o lo que deseen hagan un donativo aquí).
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace pueden comprar el libro.
necesita tu apoyo económico para defender la españolidad de Cataluña y la igualdad de todos los españoles ante la ley.
