En la Cataluña de Salvador Illa, ejercer de comisario lingüístico sigue siendo un negocio extremadamente rentable. La mal llamada «ONG del catalán», Plataforma per la Llengua, ha encontrado en el erario público una fuente inagotable de recursos para financiar sus campañas de señalamiento y acoso.
La obsesión por fiscalizar la lengua en la que un camarero atiende a su cliente o un dependiente ofrece sus productos se ha convertido en una estructura paraestatal. La Generalitat, ahora con el PSC al frente, no solo no frena estas prácticas intimidatorias, sino que las incentiva mediante un riego constante de dinero de todos los contribuyentes. Es la «Plataforma per la Pasta», un entramado que vive de generar conflicto allí donde debería haber libertad, convirtiendo el bilingüismo natural de Cataluña en un campo de batalla ideológico.
Resulta especialmente escandaloso el espionaje a menores en los patios escolares, una práctica que la entidad realizó sin el menor rastro de pudor ni permiso paterno. En lugar de ser inhabilitada para recibir fondos públicos tras semejante intromisión en la privacidad infantil, la plataforma ha visto cómo sus ingresos se diversificaban a través de múltiples departamentos del Govern. Desde Cultura hasta Empresa, pasando por Presidencia, el dinero fluye para que los chivatos lingüísticos sigan expandiendo su red de vigilancia sobre la sociedad civil.
El «modelo de éxito» que defiende el nacionalismo se basa en el castigo al disidente y el premio al activista radical. En la Cataluña postprocesista, nunca falta un cheque para quienes dedican su jornada a monitorizar las redes sociales en busca de comercios que utilizan el castellano. Es un sistema parasitario que utiliza los impuestos más altos de España para mantener a una legión de comisarios dedicados a una ingeniería social que nadie ha pedido y que solo genera fractura social y malestar.
La llegada de Salvador Illa a la Generalitat no ha supuesto el fin de este expolio fiscal, sino su consolidación. El PSC ha decidido que mantener la paz con sus socios de Esquerra y Junts pasa por no tocar los privilegios de la autodenominada «sociedad civil» independentista. Así, la red de chiringuitos lingüísticos sigue intacta, demostrando que el «cambio» prometido por los socialistas era solo una fachada para seguir gestionando el mismo tinglado de siempre con diferentes nombres.
Es urgente que el dinero público deje de financiar la hispanofobia institucionalizada. Mientras los servicios públicos básicos languidecen y las listas de espera en sanidad no dejan de crecer, el Govern sigue considerando que es más importante subvencionar aplicaciones móviles para denunciar a quien no habla catalán. Es una inversión en odio que solo beneficia a quienes han hecho de la lengua su forma de vida y su herramienta de presión política sobre la mayoría bilingüe.
Las «estructuras de Estado» que tanto prometió el independentismo se han revelado como un gigantesco fraude destinado a colocar a cuadros del partido y a regar a entidades afines. Es el «timo del tocomocho» a gran escala, donde el ciudadano paga la fiesta de quienes le vigilan y le multan. Esta telaraña parasitaria es la que impide que Cataluña recupere el liderazgo económico, lastrada por una burocracia identitaria que antepone el dogma lingüístico a la eficiencia administrativa.
Pedro Sánchez, desde la Moncloa, también es cómplice de este modelo al permitir que los fondos del Estado terminen alimentando a quienes trabajan activamente por la ruptura de la convivencia. El apoyo del PSOE a los presupuestos de la Generalitat es, en la práctica, un aval a la persecución del español. No se puede defender la Constitución en Madrid y financiar a quienes la pisotean en Barcelona mediante el señalamiento de ciudadanos por el simple hecho de ejercer sus derechos lingüísticos.
La regeneración democrática en Cataluña pasa necesariamente por el cierre del grifo a las entidades que promueven el acoso. No se puede llamar participación ciudadana a lo que es pura delación incentivada con fondos públicos. Los catalanes que cumplen con sus obligaciones fiscales merecen que su dinero se utilice para construir puentes, no para financiar a «plataformas» que se dedican a levantar muros y a señalar con el dedo a quien no encaja en su molde identitario.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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