La actual legislatura de Pedro Sánchez ha entrado en una fase de degradación que amenaza la convivencia entre españoles. La permanencia en el poder del actual Ejecutivo ya no se mide en términos de gestión, sino de supervivencia a cualquier precio. Esta situación de interinidad moral está erosionando los pilares básicos de nuestra democracia y el espíritu de la Transición.
El respeto a la Constitución ha dejado de ser la brújula del Gobierno para convertirse en un obstáculo que sortear. Las constantes cesiones ante quienes buscan desmantelar el Estado han generado una sensación de impunidad insoportable. No se puede construir un futuro común si las normas solo se aplican a una parte de la sociedad mientras otros gozan de privilegios por conveniencia política.
La convivencia nacional exige un marco de seguridad jurídica que hoy está bajo mínimos. Las instituciones no pueden ser utilizadas como moneda de cambio para asegurar una mayoría parlamentaria precaria. La sensación de que el Estado de derecho es maleable según las necesidades del presidente está fracturando la confianza de los ciudadanos en sus representantes.
A esta crisis institucional se suma un cerco judicial por presunta corrupción que asfixia al Partido Socialista. Los casos que rodean a figuras clave del entorno gubernamental y del propio partido requieren una respuesta que el sanchismo parece incapaz de dar. La transparencia ha sido sustituida por el ataque sistemático a los jueces y a la prensa independiente.
Un Gobierno que dedica más tiempo a defenderse en los tribunales que a legislar para el bien común es un lastre. España no puede permitirse un liderazgo bajo sospecha permanente que debilita la imagen exterior del país. La regeneración democrática que prometió el PSOE se ha convertido en una sombra de lo que debería ser una administración limpia.
El blindaje de quienes desafiaron la unidad nacional a cambio de votos es el mayor ataque a la igualdad ante la ley. La amnistía y otras medidas de gracia por interés personal han dinamitado el principio de justicia para todos. Es urgente que el Ejecutivo asuma que su tiempo ha terminado para evitar un daño irreparable a la paz social.
La alternativa a este declive pasa por restaurar la autoridad de las leyes y el prestigio de las instituciones del Estado. No se trata de una cuestión de siglas, sino de supervivencia de la propia estructura constitucional que nos dimos en 1978. La política debe volver a ser el arte del consenso y no una trinchera de intereses particulares.
España necesita un cambio de rumbo que devuelva la ética a la vida pública y aleje el fantasma de la corrupción. La sociedad española es madura y reclama un proyecto que no dependa del chantaje de minorías radicales. La estabilidad solo llegará cuando el interés general vuelva a estar por encima de la ambición de un solo hombre.
La salida de Pedro Sánchez de la Moncloa es hoy un requisito previo para sanar las heridas abiertas en el cuerpo social. Solo desde un nuevo liderazgo será posible reconstruir los puentes que el actual Gobierno ha decidido dinamitar. Es hora de mirar hacia adelante con un proyecto que incluya a todos, sin exclusiones ni privilegios de casta política.
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