Han pasado más de diez años desde que Jordi Pujol confesó haber mantenido una fortuna oculta en el extranjero durante décadas, y, sin embargo, el expresidente de la Generalitat sigue sin enfrentarse a un juicio efectivo. La Hacienda española, que con tanta firmeza y rapidez actúa contra miles de contribuyentes por errores mucho menores, ha mostrado una tibieza desconcertante ante uno de los casos de corrupción más simbólicos de la democracia. El padre político del nacionalismo catalán continúa eludiendo la rendición de cuentas, protegido por un sistema judicial y mediático que parece tener con él una paciencia infinita.
El argumento de su avanzada edad y su deteriorado estado de salud ha servido una y otra vez como escudo para evitar que se siente ante el tribunal. Pujol, que fue capaz de dirigir con mano férrea Cataluña durante más de dos décadas, parece, sin embargo, demasiado frágil para responder ante la justicia. Es un contraste doloroso: mientras Hacienda persigue sin piedad a ciudadanos por retrasos en una declaración o por errores formales, el expresidente, que durante años mantuvo una fortuna oculta al fisco, ha logrado dilatar su responsabilidad hasta casi convertirla en un asunto olvidado.
La sensación de impunidad no nace solo de la figura de Pujol, sino de la permisividad institucional. La Audiencia Nacional y otras instancias judiciales han ido prolongando el caso con una lentitud que raya en la indulgencia. Cada recurso, cada informe médico, cada petición de aplazamiento ha sido aceptada con una docilidad que contrasta con la dureza con la que esos mismos tribunales tratan a los ciudadanos corrientes. Lo que en otros casos se despacha con urgencia y sanción ejemplar, en el entorno de Pujol se convierte en un laberinto procesal sin salida.
El poder político también ha contribuido a este silencio cómplice. Los gobiernos, tanto autonómicos como estatales, han evitado pisar este terreno con firmeza e incluso Salvador Illa (PSC) hace campaña para que no se le juzgue. Pujol no es solo un hombre, sino un símbolo; y tocarlo significaría cuestionar los cimientos de una parte del relato político del soberanimos catalán. Su figura sigue envuelta en un respeto institucional que, más que admiración, transmite miedo a romper un mito. En una democracia madura, los mitos se juzgan; en España, se les rinde tributo.
No menos inquietante ha sido el papel de buena parte de los medios de comunicación. Durante años, los grandes altavoces del poder callaron o minimizaron los indicios de corrupción que envolvían al clan Pujol. Hoy, cuando los hechos son ya incontestables, muchos optan por el relato sentimental: el del anciano enfermo que merece compasión. Pero la justicia no puede ser selectiva ni sentimental. Quien ha defraudado millones no puede ampararse en la edad para esquivar la verdad.
El caso Pujol es, en definitiva, un espejo de las carencias de nuestro sistema. Un país que exige rigor fiscal a los débiles pero se muestra indulgente con los poderosos no es un país justo, sino uno que ha olvidado el significado de la ley. Mientras la justicia siga permitiendo que Jordi Pujol eluda su juicio, España seguirá demostrando que la impunidad política no es una excepción: es, tristemente, una costumbre.
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