El asfalto de Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat ha vuelto a teñirse de una violencia extrema que ya no sorprende a nadie, pero que aterra a todos. Dos tiroteos en menos de veinticuatro horas confirman el fracaso rotundo de la gestión de la seguridad ciudadana. Las calles se han convertido en el escenario idóneo para bandas que actúan con total impunidad, mientras la ciudadanía contempla con indignación cómo la delincuencia se normaliza en los barrios periféricos y en los ejes urbanos. El sonido de las detonaciones despierta a unos vecinos que se sienten abandonados por las instituciones encargadas de velar por su protección diaria.
La responsabilidad de esta crisis de orden público recae directamente sobre la gestión de las alcaldías del PSC. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y su homólogo en L’Hospitalet de Llobregat, David Quirós, parecen superados por un problema que requiere firmeza y no meras campañas de relaciones públicas. La inacción socialista ante el delito no solo cronifica la inseguridad, sino que traslada un mensaje de preocupante debilidad a las organizaciones criminales. Sus gobiernos locales siguen priorizando la corrección política antes que el despliegue contundente de recursos y la exigencia de reformas penales severas para frenar esta deriva.
Mientras la izquierda institucional minimiza los datos o recurre a la vieja excusa de la percepción subjetiva, la oposición de centroderecha ha asumido el liderazgo de la denuncia social. El Partido Popular y VOX están realizando un trabajo impecable y necesario al señalar con el dedo las carencias del modelo de seguridad de Collboni y Quirós. Sus portavoces municipales no se han limitado a lamentar los sucesos, sino que han pisado los barrios afectados para exigir un aumento inmediato de las plantillas de la Guardia Urbana y de los agentes locales, canalizando el hartazgo de una población ignorada.
El panorama actual exige un cambio radical en las políticas públicas que ponga fin a las políticas de brazos cruzados. No es admisible que los ciudadanos honrados tengan miedo de pasear a ciertas horas mientras los delincuentes se disputan el control territorial a balazos a plena luz del día. La labor de fiscalización de las fuerzas de la derecha es hoy el único contrapeso ante la desidia oficial, recordando que la seguridad es el primer derecho social que un ayuntamiento debe garantizar. Las balas exigen respuestas inmediatas y liderazgos valientes, virtudes ausentes en los despachos socialistas del área metropolitana.
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