La izquierda catalana ha encontrado un nuevo foco para su activismo: prohibir la compra especulativa de viviendas. Ante su histórica incapacidad para construir un parque público digno, el PSC y los Comunes – que son los herederos del espacio político del PSUC e Iniciativa per Catalunya – optan por asfixiar al sector privado, buscando soluciones cortoplacistas. El énfasis se pone en la restricción y la penalización en lugar de en la necesaria ampliación de la oferta.
El Ayuntamiento de Barcelona es el laboratorio de estas ideas. Recientemente se aprobó, con el respaldo del PSC y los Comunes, la elaboración de un “plan especial” para limitar la compra de pisos con fines que consideran especulativos. La meta es clara: evitar que fondos de inversión y compradores no residentes adquieran inmuebles para rentabilidad.
Esta medida, que se escuda en la necesidad de proteger la vivienda como residencia habitual, traslada la responsabilidad del problema al inversor. Se ignora que gran parte de la oferta de alquiler depende de estos actores. En lugar de ofrecer alternativas habitacionales, la izquierda intenta controlar quién puede comprar y para qué.
El discurso es sencillo, pero el efecto puede ser devastador. Limitar la compra solo conseguirá retirar capital del mercado inmobiliario catalán. Si se castiga la inversión, los propietarios elegirán otros destinos, reduciendo la oferta de viviendas y agravando, paradójicamente, el problema de los precios.
La izquierda ha gobernado en España, en Cataluña y en los principales ayuntamientos catalanes sin que su gestión en la construcción de vivienda pública en Cataluña haya sido especialmente significativa. Solo en Barcelona han gobernado en 42 de los 46 años desde las elecciones municipales de 1979. En España, en 28 años de los 48 que han transcurrido desde las elecciones generales de 1977.
Muchas grandes ciudades catalanas, como L’Hospitalet o Cornellà, solo han tenido alcaldes de izquierdas en los últimos 46 años. Por no hablar del control de la Diputación de Barcelona o los ocho años de tripartito en la Generalitat (PSC, ERC e ICV) o la presencia de ERC en los gobiernos de Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra o el gobierno en solitario de Pere Aragonès.
El control de la propiedad se complementa con una presión fiscal sin precedentes. El Decreto Ley 2/2025 de la Generalitat ha endurecido notablemente el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). La ley sube los tramos impositivos de forma progresiva, llegando a un tipo del 20% para cualquier compraventa realizada por un gran tenedor.
Esta subida desproporcionada del ITP es un freno a la actividad económica. Sancionar fiscalmente al gran tenedor, que a menudo es quien mantiene viviendas en alquiler, es un intento de intervención masiva en el mercado. Es un mensaje de hostilidad al capital que busca invertir en el sector.
A esto se suma la negociación para los presupuestos. Los Comunes han puesto sobre la mesa la exigencia de prohibir directamente la compra especulativa como condición para seguir negociando las cuentas. Es una estrategia de presión ideológica, centrada en el castigo, que ha encontrado eco en el PSC, y el Govern de Salvador Illa está pensando en medidas similares.
Otro punto clave de la agenda prohibicionista es el nuevo régimen sancionador. El Gobierno catalán, impulsado por las exigencias de la izquierda, ha pactado multas que pueden llegar a los 90.000 euros para aquellos propietarios que incumplan de manera grave la regulación de precios en las zonas tensionadas.
El problema de fondo es la falta de pisos, no la identidad del comprador o el tipo de inversión. Multar a los caseros o limitar la compra no hace aparecer miles de viviendas sociales de la noche a la mañana. Es una distracción política de su incumplimiento crónico en materia de construcción pública.
Las propuestas de PSC y Comunes se definen por la coacción al sector privado. El objetivo parece ser crear un entorno hostil para el inversor, bajo la falsa premisa de que así se solucionará la falta de oferta. Cataluña necesita grúas y nuevos proyectos, no más trabas burocráticas y castigos fiscales.
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