El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha despejado el camino comunitario a la polémica ley de amnistía. Los magistrados de Luxemburgo han determinado que la medida de gracia de Pedro Sánchez no colisiona con los intereses financieros de la Unión ni vulnera las directivas de terrorismo. El fallo supone un alivio técnico para el Gobierno, que ve validada en el exterior una norma redactada a la medida y exigencia de sus socios de investidura.
Con esta resolución, la justicia europea responde a las dudas planteadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas. El tribunal asume las tesis que ya adelantó el abogado general en noviembre, restando peso al hecho de que la amnistía fuera el peaje directo cobrado por ERC y Junts. Para Luxemburgo, la ley se enmarca dentro de un proceso de supuesta reconciliación política, descartando la idea de que se trate de una autoamnistía ilegal para los líderes del *procés*.
Sin embargo, el aval europeo está lejos de traducirse en una impunidad automática para el separatismo. Aunque el fallo despeja un obstáculo de peso en el plano internacional, la batalla jurídica interna sigue abierta en España. El Ejecutivo de coalición celebra la decisión como un triunfo político, pero la realidad judicial es mucho más compleja y persistente que el relato oficial de la Moncloa.
El principal afectado por este escenario es Carles Puigdemont. La decisión del TJUE debilita la resistencia europea contra su retorno, pero no le exime de sus graves responsabilidades penales en territorio nacional. El Tribunal Supremo mantiene firme su criterio de que el delito de malversación imputado al ex president queda completamente excluido del perdón de la amnistía, bloqueando su pretendido regreso triunfal.
La última palabra la tendrá ahora el Tribunal Constitucional, de mayoría afín al Gobierno, ante el que Puigdemont ya ha presentado su recurso. Los magistrados de la corte de garantías, que aguardaban el pronunciamiento de Luxemburgo, no abordarán esta delicada patata caliente antes de finales de septiembre. La amnistía de Sánchez supera el examen de Bruselas, pero el futuro judicial del separatismo sigue atrapado en los tribunales españoles.
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