La Generalitat ha exigido al Gobierno Central que le autorice poner escolta para al prófugo de la Justicia Carles Puigdemont. La excusa es la celebración de las elecciones autonómicas catalanas del 12 de mayo. El consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, ha pedido por carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, protección para el dirigente huido «dada su especial relevancia pública».
Elena cree que esta protección es necesaria tras ser Puigdemont nombrado candidato de Junts y haber anunciado que «parte de su campaña electoral se celebrará a pocos kilómetros de Cataluña», en el sur de Francia, la zona que los separatistas llaman «Catalunya Nord».
El consejero catalán de Interior argumenta esta petición en «hechos relevantes» en la medida «que afectan a su proyección pública y en consecuencia a su seguridad, y que se añaden a las ya precisadas motivaciones de la necesidad del servicio de escolta para su persona».
El gobierno autonómico catalán, además del hecho de que Puigdemont será candidato, invoca el artículo 42 de la Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que regula el procedimiento de protección de autoridades públicas fuera del ámbito territorial.
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