El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligó a la Generalitat a llevar a cabo al menos el 25% de clases en castellano en la enseñanza de la comunidad autónoma.
Pues bien, el Govern separatista de Pere Aragonès no solo ha dejado meridianamente claro que no piensa cumplir la sentencia judicial, además vuelve a dar una vuelta de tuerca más y está impulsado comisionados lingüísticos para asegurarse que se sigue arrinconando al castellano en las aulas, según ha adelantado EL MUNDO.
El objetivo que buscan lograr con estos ‘chivatos’ lingüísticos es controlar en qué lengua imparten las clases los profesores o el idioma con el que se relacionan con sus alumnos.
EL MUNDO ha tenido acceso a la circular que explica que los miembros de estos comisionados tendrán que “promover el compromiso y la colaboración de la comunidad educativa en la que mejore el uso lingüístico del catalán en todos los contextos escolares“.
Por el momento, según explica el mismo diario, es una prueba piloto que se lleva a cabo en 20 centros educativos, con la intención de ampliarlo a 1.000 el próximo curso para que en el curso 23/24 se lleve a cabo en todas las escuelas catalanas.
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