El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a ceder ante las exigencias del separatismo, esta vez en materia migratoria. ERC ha anunciado un acuerdo para que el conocimiento del catalán compute como criterio de arraigo en la futura regularización de inmigrantes. Esta medida supone un giro político que condiciona derechos administrativos a la inmersión lingüística.
La formación republicana busca que el aprendizaje de la lengua sea determinante para obtener los papeles. Según el pacto, la certificación del catalán se tendrá en cuenta en las revisiones de las autorizaciones concedidas. Esto introduce un filtro ideológico y cultural en un proceso que, hasta ahora, se basaba estrictamente en criterios laborales y de residencia.
El texto final debe ser aprobado próximamente por el Consejo de Ministros. Mientras ERC presume de su influencia en Madrid, la Moncloa guarda un silencio prudencial sobre los detalles. El Ejecutivo socialista parece dispuesto a aceptar esta nueva exigencia para asegurar la estabilidad de la legislatura, sin importar el precedente que sienta.
Para los republicanos, el concepto de arraigo debe abandonar su carácter puramente administrativo. Defienden una «dimensión social» que, en la práctica, obliga al inmigrante a pasar por el aro lingüístico del nacionalismo. El diputado Jordi Salvador ha sido claro: aprender catalán no es un trámite, sino una obligación de «integración real».
Este movimiento busca blindar la hegemonía del catalán utilizando a la población más vulnerable como herramienta política. Bajo la excusa de «construir comunidad», se añade una barrera adicional a quienes buscan regularizar su situación legal. Es una muestra más de cómo el Estado delega competencias clave a cambio de votos parlamentarios.
El acuerdo altera la igualdad de condiciones en el acceso a la residencia en España. Un inmigrante en Cataluña tendrá que cumplir requisitos distintos a los de uno residente en Madrid o Andalucía. Se quiebra así la unidad de criterio en la Ley de Extranjería para satisfacer la agenda identitaria de sus socios.
La medida genera dudas sobre su aplicación práctica y la burocracia necesaria para certificar estos conocimientos. No se ha especificado qué nivel de lengua será exigido ni quién gestionará estos exámenes. Lo que sí es evidente es el aumento del control de la Generalitat sobre un colectivo que ERC considera clave para su proyecto político.
Solo queda esperar a que el Consejo de Ministros ratifique el texto definitivo en las próximas semanas. Si se confirma, el catalán dejará de ser solo una lengua para convertirse en un requisito legal de extranjería. Es el precio que Sánchez paga por mantener el apoyo de sus socios en un Congreso cada vez más fragmentado.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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