La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Barcelona que ordene la reapertura de la causa sobre el presunto espionaje por parte de la policía autonómica catalana.
Dicha causa fue archivada por el titular del juzgado de instrucción número 22 de Barcelona, que concluyó que los agentes de los Mossos d’Esquadra no actuaron con motivaciones políticas en sus seguimientos a dirigentes constitucionalistas.
La causa, que una veintena de presuntos afectados por este espionaje también ha solicitado que se reabra, se activó a partir de la documentación que se intervino a los Mossos d’Esquadra el 26 de octubre de 2017.
Ese día la policía autonómica iba a incinerar dichos documentos la víspera de que el Parlament aprobase la declaración unilateral de independencia.
El juez archivó la causa al considerar que los Mossos d’Esquadra no incurrieron en «desviación de poder» y buscaron información «esencial en toda policía», por lo que rechazó que dichos agentes efectuaran espionaje político.
Un grupo de afectados por el supuesto espionaje ha pedido, en este caso al juez y no a la Audiencia, que reabra la causa al considerar que la policía catalana se «extralimitó» en sus funciones por «fines políticos».
Entre los afectados están el exlíder de Sociedad Civil Catalana Josep Ramon Bosch y el periodista Albert Castillón, que consideran que se produjo una «violación» de sus derechos, afectando a su vida privada, libertad e intimidad. Les representa el abogado José María Fuster-Fabra.
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