Tenía mucha juventud, todo el tiempo del mundo para aprender, unos ideales, una carrera recién terminada y unos antecedentes familiares de padres trabajadores. Mi padre, obrero de toda la vida, trabajador de una fábrica que, muchos años después, se hizo famosa por el amianto. Esos son mis orígenes.
Y mis objetivos, como consecuencia de lo anterior, eran entonces, ejercer mi carrera poniéndola al servicio de la defensa de los derechos de los trabajadores, siempre al lado de quienes defienden sus derechos universales, sus derechos a tener una vida digna y con la calidad que merece todo ser humano.
Y así fue como entré en los años 90 a formar parte del gabinete jurídico de uno de los sindicatos de este país más admirado por mí: CCOO. Y que, desde dentro podría materializar mi ilusión: aplicar lo establecido en los artículos 7 y 28 de la Constitución Española: la defensa de los intereses de los trabajadores.
Durante un tiempo de mi vida me dediqué a esta labor que me satisfizo profundamente, defendí a muchas personas y conocí a algunos dirigentes que colmaban las expectativas que tenia de personas luchadoras y en consonancia con un sindicato. Era un orgullo para mi formar parte de una organización así.
Hoy el orgullo se ha transformado en decepción. Decepción que cada día crece cuando veo que las cúpulas de los sindicatos mayoritarios se colocan al servicio del nacionalismo catalán, y que para ello obvian uno de los elementos fundamentales para su subsistencia: la neutralidad en todas aquellas cuestiones que no sean estrictamente la defensa de los intereses de la parte más débil en las relaciones laborales frente a la parte económicamente más fuerte. Porque esa es su función esencial.
Sin embargo, las cúpulas de estos sindicatos han reaccionado poniendo sus siglas al servicio de los partidos independentistas, sin ponderar que este posicionamiento alejado de la pluralidad en que deberían basarse que, lejos de mantener a sus afiliados apegados a sus filas, les invita a marcharse porque, muchos de ellos no son independentistas ni entienden que un sindicato llame a acudir a una manifestación, como la del pasado 15 de abril en Barcelona para pedir la libertad de los políticos presos.
Y es que, parece ser que ni UGT ni CCOO entienden que el hecho de convertirse en otro engranaje más del “procés no les va a proporcionar ni una mayor afiliación ni va a evitar las bajas sindicales que ya han tenido en estos últimos días y que posiblemente sigan teniendo, porque está claro que con esta postura no contentarán ni a los afiliados independentistas ni a quienes no lo sean.
La noticia con la que estos días nos han obsequian los periódicos y que es el apoyo de los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO a la creación de una Mesa de Emergencia Docente que aglutina a organizaciones del sector de la enseñanza en Cataluña, curiosamente independentistas, para combatir lo que consideran “represión mediática, judicial y policial que sufren docentes y centros educativos” no hace más que fomentar esa sensación e indignar a mucha gente, entre la que me encuentro, especialmente cuando CCOO está hablando de “criminalización de docentes”.
Los sindicatos serios y responsables no deben inmiscuirse en temas “sub iúdice” como es este caso, donde la fiscalia tiene abierto un procedimiento de investigación por el presunto grave acoso y coacciones a menores, hijos de agentes de la guardia civil por parte de algunos profesores. Y es que, es evidente que la presunción de inocencia debe prevalecer, en cualquier caso, pero de la misma manera es inadmisible que los sindicatos obvien, como si no existieran, los derechos y la defensa de unos menores.
Los dirigentes de los sindicatos deben trabajar para recuperar su esencia, al margen de la deriva independentista, velar por la solidaridad, ejercer esa labor esencial que les define, manteniendo la pluralidad y la neutralidad necesaria para desempeñar una defensa diáfana de los derechos de los trabajadores, porque solo así evitaran en los trabajadores la decepción y perduraran, manteniendo esa necesaria centralidad en las relaciones laborales y en la vida económica y social.
María Valle es diputada de Cs en el Parlament
no recibe subvenciones de la Generalitat de Catalunya ni de otros organismos públicos.
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