La CUP ha tenido un desproporcionado protagonismo en los últimos años por la división de Cataluña en dos bloques antagónicos. Nunca diez diputados, en la pasada legislatura y cuatro, en la actual, han tenido tanto peso como el que han atesorado los antisistema merced al sectarismo de la antigua Convergencia y Esquerra Republicana.
Fruto de este excesivo peso político, desproporcionado en relación a su peso dentro de la sociedad catalana, es el surgimiento de unos dirigentes de escasa talla y lengua muy afilada.
La ex diputada Mireia Boya, la que en su comarca natal, el Valle de Arán, batió récords negativos en las pasadas autonómicas al darle sus vecinos menos del 4% de los votos, es uno de esos ejemplos de líderes antisistema sobrevalorados.
Mireia Boya compareció ayer en el Supremo, y tal como estaba previsto ha puesto en duda la imparcialidad del magistrado Llarena y ha denunciado la judicialización de la política.
«Le he dicho al juez que espero con resignación una sentencia que creo que ya está escrita”, aseguró. Dentro de la sala la ex diputada de la CUP le ha dicho a Llarena que el caso «es una politización de la justicia. El juicio real será en instancias internacionales».
Declaraciones altisonantes y chulescas, que es el estilo habitual de la CUP. Algún día, como dijeron ellos de Artur Mas, esta formación antisistema acabará donde merece, en la papelera de la historia.
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