La filtración sobre la presencia de agentes de los Mossos d’Esquadra infiltrados en una asamblea de docentes ha sido aprovechada por los teóricos ‘radicales’ en el Parlament. Para la CUP, teóricamente este episodio no es una anécdota, sino un ataque directo a las libertades civiles que requiere una respuesta contundente e inmediata. En realidad es un postureo para subir su precio a la hora de negociar con los socialistas, dado que los antaño ‘anticapitalistas’ hace meses que iniciaron una senda para ser un futurible socio del PSC. En el Parlament ya llegaron a acuerdos en temas como los de vivienda.
La antaño formación antisistema ha decidido elevar el tono contra el Departament d’Interior posturear una cierta dureza. Su Moreno, portavoz del grupo, ha tachado de «lamentable» la tibia reacción inicial de la Generalitat ante unos hechos que consideran impropios de una democracia. Los teóricos ‘anticapitalistas’ – recordemos que uno de sus referentes, Eulàlia Reguant, regenta una empresa inmobiliaria en Barcelona – exigen un paquete de medidas que incluye desde disculpas públicas hasta ceses de alto nivel.
El punto de mira de la CUP se centra ahora en la cúpula policial, señalando directamente a Josep Lluís Trapero. Los antaño radicales exigen la cabeza del director general de la policía y de los responsables operativos del despliegue en los centros educativos. Según su tesis, existe una cadena de mando política que debe asumir la culpa por monitorizar movimientos sociales y asambleas de trabajadores en huelga.
La verdadera amenaza para la estabilidad del Govern reside en el chantaje presupuestario que ya asoma en el horizonte. La CUP ha instado a Esquerra Republicana y a los Comuns a romper cualquier negociación económica con el PSC si no hay rectificaciones. Con esta estrategia, el teórico radicalismo catalán intenta tutelar la seguridad pública y condicionar la gobernabilidad a base de vetos y exigencias de dimisiones en el seno de la administración catalana.
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