La Audiencia de Barcelona, en la sentencia del ‘Caso Palau’, ve «inequívoco» el tráfico de influencias para adjudicar a la firma constructora Ferrovial varios concursos de obra pública. La resolución final de estos concursos «se cocinó» y «manipuló» a cambio de que esta empresa pagara comisiones ilegales a Convergència Democràtica de Catalunya, la formación antecesora del PDeCAT, a través del Palau de la Música.
La sección décima de la Audiencia de Barcelona absuelve a Juan Elizaga y Pedro Buenaventura, los dos exdirectivos de Ferrovial investigados en la trama de pago de sobornos a CDC a través de Fèlix Millet y Jordi Montull, dado que aunque cree acreditada su participación en la trama ha prescrito su responsabilidad penal.
Según el tribunal las pruebas aportadas durante el juicio demuestran «de forma inequívoca» que se produjo «tráfico de influencias» para que algunas obras públicas se adjudicaran a la empresa Ferrovial.
Pedro Buenaventura, según la Audiencia, pactó con el entonces tesorero de CDC Carles Torrent -fallecido en 2005- «y probablemente alguna persona más», en representación de dicho partido nacionalista, y con la mediación y conocimiento de Fèlix Millet, que Ferrovial pagaría anualmente «por anticipado» una comisión del 4% del importe total de obra pública que «le debía ser adjudicada por los organismos controlados por Convergència Democràtica de Catalunya».
En el 2002 se cambió el «sistema organizativo» para el pago de las comisiones. Ya no se hacían por adelantado y se realizaba cuando Ferrovial obtenía la «correspondiente adjudicación». Una vez conocido el importe de la misma, se calculaban las cantidades a pagar en concepto de comisión: 2,5 % para la formación antecesora del PDeCAT, CDC, y 1,5% para Fèlix Millet y Jordi Montull.
El tribunal asegura que el importe «de lo que iba a percibir CDC por esta ‘comisión’ y el consiguiente importe económico del total de obra que debería adjudicarse a Ferrovial se seguía pactando anualmente, y con carácter previo».
Buenaventura, en función de este pacto, exigió a Millet que ejerciera «presión» a Convergència Democràtica para conseguir adjudicaciones. Millet entonces se dirigía al tesorero del partido nacionalista -primero Carles Torrent y, tras su muerte en 2005, Daniel Osàcar-, para que hicieran gestiones para conseguir más obra pública para Ferrovial.
Tras el fallecimiento de Torrent fueron Osàcar, Jordi Montull y Juan Elizaga los que se responsabilizaron «de la llevanza del día a día del plan criminal para la ilícita adjudicación de obra» a Ferrovial. La Audiencia asegura que no se ha podido cuantificar en el juicio el beneficio económico obtenido por la constructora Ferrovial, pero que sí está probado que existió.
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