La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que no active la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a impartir un mínimo del 25% de castellano en el sistema educativo en Cataluña.
En un escrito de alegaciones los servicios jurídicos del Estado han comunicado al tribunal que la Generalitat «ha justificado el inicio del proceso de tramitación de dos medidas normativas y una medida de control«. El Govern pretende hacerlo sin fijar porcentajes y por eso ha anunciado la reforma de la Ley de Política Lingüística y el desarrollo del régimen lingüístico del sistema educativo. Este acuerdo cabe recordar que cuenta con el visto bueno del PSC y los comunes. Junts dio apoyo en un principio, pero al poco tiempo se descolgó del mismo.
La Abogacía del Estado recuerda que la sentencia del 25% reconocía a la Generalitat «una libertad en la elección de las medidas a adoptar», reservándole al Govern ciertos aspectos en los que los órganos jurisdiccionales no pueden sustituir a la Administración.
El Estado no cuestiona la legitimidad de la Asamblea por una Escuela Bilingüe como “entidad afectada” para pedir la ejecución forzosa. La entidad que promueve el bilingüismo en Cataluña lo hizo el pasado mes de marzo en nombre de 1.643 familias.
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