El Congreso de los Diputados ha reprobado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a raíz del escándalo de las pulseras telemáticas para víctimas de violencia de género. La votación escondía un trasfondo político mucho más profundo: los socios separatistas han aprovechado la ocasión para ajustar cuentas con Pedro Sánchez.
Lejos de ser una censura dirigida únicamente a Redondo, Junts y ERC han utilizado este episodio como un aviso directo al presidente. La gestión de la ministra ha servido como excusa para enviar un mensaje claro: los incumplimientos del Gobierno en materias clave para Cataluña ya no van a quedar sin respuesta.
Sánchez, que ha hecho del regate corto parlamentario su estrategia, se encuentra con que incluso sus aliados le marcan territorio en público. De ahí que se abstuvieran, y su voto en blanco provocó la aprobación de la reprobación de la ministra.
ERC lleva meses denunciando el retraso en el cumplimiento de compromisos económicos. Las inversiones prometidas no llegan, los presupuestos no reflejan lo pactado y las grandes infraestructuras siguen esperando. Tampoco se acaba de atar la cesión integral de impuestos a la Generalitat. Los republicanos han encontrado en esta votación una vía perfecta para recordarle al presidente que sus promesas no se pagan con discursos, sino con hechos y con dinero. La reprobación a Redondo, por tanto, es también una enmienda a la falta de seriedad del Ejecutivo.
A esto se suma el fiasco del catalán en Europa. El Gobierno vendió como un éxito inminente la oficialidad de la lengua catalana en las instituciones comunitarias, pero la realidad es que el proceso está encallado y no hay avances tangibles. ERC y Junts, conscientes de la carga simbólica de este asunto, ha utilizado la votación contra Igualdad para golpear al Ejecutivo allí donde más duele: en la credibilidad de sus compromisos internacionales.
Junts, por su parte, también ha querido subrayar que la ley de amnistía no ha tenido aún los efectos que esperaba su líder, Carles Puigdemont. La falta de aplicación efectiva, que le permita regresar a Cataluña sin miedo a la justicia española, es un motivo de constante fricción con el Gobierno. Sánchez había hecho de la amnistía su gran baza para amarrar la legislatura, pero el tiempo pasa y la promesa sigue incompleta. La reprobación a Redondo ha sido para Junts la oportunidad de lanzar una advertencia en toda regla.
El problema de fondo es que Sánchez se empeña en gobernar a golpe de titulares y concesiones parciales, pero se resiste a materializar los acuerdos que le sostienen en el poder. Esa estrategia de prometer mucho y entregar poco comienza a volverse en su contra. Cada vez que un socio tiene ocasión, le pasa factura en público, dejando al Gobierno en una posición de debilidad evidente y alimentando la sensación de desconfianza.
Ana Redondo ha sido, en esta ocasión, la víctima colateral de un pulso político que poco tiene que ver con su ministerio. La reprobación es formalmente un castigo a Igualdad, pero en realidad es un castigo a Pedro Sánchez. El presidente ve cómo sus aliados le utilizan sus propias promesas incumplidas como munición, y lo hacen además en el hemiciclo, donde la erosión de su autoridad se hace visible para toda la opinión pública.
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