El juez del Supremo Pablo Llarena ha retirado las órdenes europeas de detención dictadas contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí y ha ordenado que se comunique su decisión a las autoridades belgas para que dejen sin efecto la colaboración solicitada por España.
Llarena mantiene la orden española de detención contra Puigdemont y los exconsejeros fugados, por lo que los cinco serán detenidos si regresan a España. La intención del juez es intentar evitar que la tribunales belga entregue a los prófugos pero limitando los delitos por los que se les puede juzgar.
Y es que el temor de la Justicia española desde que se pidió la colaboración de Bélgica para detener a Puigdemont era que los tribunales de aquel país rechazaran actuar contra el ex presidente de la Generalitat por rebelión, un delito que no tiene un equivalente idéntico en el código penal belga.
Esta situación podría motivar que el juez belga ordenara la entrega a España de Puigdemont y los cuatro exconsejeros del Govern por otros delitos, como el de desobediencia o el de malversación, pero no por el de rebelión.
Este hecho impediría a la justicia española actuar contra el expresidente por rebelión, que es el delito más grave de los que es acusado y el que vertebra la causa abierta en el Tribunal Supremo contra los líderes secesionistas.
Llarena describe en su auto como desde que se emitieran las órdenes de detención los investigados se han presentado como candidatos a las elecciones autonómicas catalanas, de lo que, según el juez, puede deducirse su intención de volver a España para tomar posesión y ejercer el cargo al que aspiran ser escogidos.
Para el magistrado del Supremo la retirada de la orden europea de detención no genera ningún perjuicio a los afectados por ella pues Puigdemonty los exconsejeros fugados se opusieron a que Bélgica la ejecutara.
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