José Ignacio Torreblanca: “Los independentistas han pisoteado los derechos de la mitad de la población”

Ex jefe de Opinión de El País, José Ignacio Torreblanca (Madrid, 1968) dirige en la actualidad la oficina del European Council of Foreign Relations en Madrid y escribe en la páginas de El Mundo. El articulista reflexiona en este encuentro con elCatalán.es sobre la crisis en Cataluña, que cree solo podrá superarse si el separatismo admite sus errores, abandona la unilateralidad y reconoce a la mitad no nacionalista.

En su opinión, España cuenta con tres fuerzas antisistema: Podemos, el independentismo catalán y Vox. ¿Cuál representa un mayor riesgo para el sistema?

En estos momentos, no creo que ninguno de los tres esté cerca de conseguir sus objetivos. Al contrario: la crisis de Podemos, los errores de los independentistas y la radicalidad de los planteamientos de Vox muestra lo lejos que están de derribar el sistema. Pero que no triunfen en su empeño final no quiere decir que fracasen por completo. Los tres suponen un riesgo para el sistema en cuanto alientan una polarización que deslegitima la Constitución de 1978 y sus instituciones. Esto impide la consecución de acuerdos y pactos sobre reformas que, de concluirse, legitimarían el sistema. Por lo demás, se retroalimentan unos a otros. Por tanto, sí que tienen cierto éxito.

También sostiene que, pese a que algunos lo nieguen, lo ocurrido en Cataluña en octubre de 2017 sí puede considerarse un “golpe”.

El delito de “golpe de Estado” no figura en la Constitución ni en el Código Penal. El término no se presta a un debate jurídico sino político. En Cataluña hubo un intento de golpe de Estado, pues se intentó forzar la secesión de una parte del territorio de forma unilateral e ilegal. Que el golpe se hiciera desde las instituciones catalanas (Govern y Parlament) y con la pasividad de los Mossos en lugar de tomando el Parlamento por la fuerza lo diferencia del 23-F en la ejecutoria, pero no en las intenciones. Los “autogolpes,” “golpes parlamentarios” o “golpes institucionales” son tan frecuentes en la historia como las tomas violentas del poder.

El escritor Andreu Jaume ha lamentado que parte de la izquierda se muestre acomplejada ante una ideología, el nacionalismo, “escandalosamente reaccionaria”. ¿Comparte el dictamen?

Las ideologías de izquierdas siempre han rechazado el nacionalismo. Su sujeto político es la clase trabajadora, no la nación, que consideran reaccionaria y típicamente pequeño-burguesa, de ahí que promuevan el internacionalismo, es decir, la unión de todos los trabajadores del mundo. La cuestión es que la izquierda española tuvo como aliados en su lucha contra el franquismo a los nacionalistas vascos y catalanes —tanto de derechas como de izquierdas— y por tanto desarrolló una gran simpatía por los llamados “nacionalismos periféricos”. De ahí que una parte de la izquierda madrileña siempre haya apoyado el derecho de autodeterminación de vascos y catalanes, y haya trabajado políticamente junto a las izquierdas nacionalistas vascas, catalanas y gallegas.

Entidades como la Plataforma per la Llengua animan a los catalanoparlantes a prescindir del castellano y llevar una vida “100% en catalán”. ¿Le parece un propósito legítimo?

Cada uno es libre de hablar la lengua que quiera. Pero Cataluña es una sociedad bilingüe y eso no lo va a cambiar nadie, a no ser que quiera hacerlo coactivamente. Identificar nación, lengua e independentismo es un gran error que expulsa y margina a los castellanohablantes porque se sienten ciudadanos de segunda o disminuidos en sus derechos. Por eso, el Tribunal Constitucional acertó al considerar ilegal el intento de hacer predominar el catalán en el Estatut.

Los partidos nacionalistas catalanes han cargado con dureza contra el discurso xenófobo de Vox. ¿Cómo se entiende, entonces, que aupasen a la presidencia de la Generalitat a un líder que considera “bestias taradas” y “carroña” a la mitad de los catalanes?

Los independentistas se niegan a considerar que detrás de su odio a España hay un sentimiento de superioridad. Pero la hispanofobia que demuestran Torra y muchos otros es innegable: quieren borrar cualquier traza de españolidad de Cataluña. Aceptan a los que no son catalanes puros en tanto en cuanto se conviertan al catalanismo y no se opongan a sus designios, pero rechazan como extranjeros o, directamente, fascistas españolistas a aquellos que pretender vivir dentro de Cataluña manteniendo su identidad. En definitiva, quiere una sociedad homogénea, no plural, abierta o diversa.

Durante las pasadas Navidades, tanto el tradicional concierto de Sant Esteve como el discurso de los Reyes Magos en TV3 terminó recordando a los políticos presos. ¿Cómo valora la irrupción de la política en festejos de este tipo?

La mejor prueba de la inexistencia de presos políticos en España es la libertad que tienen los que proclaman que hay presos políticos de ocupar todos los espacios públicos para denunciarlo. En los países donde hay presos políticos, los españoles lo recordarán, suelen meterte preso por decir que hay presos políticos. Lo grave es la constante ocupación de los espacios públicos e institucionales por una parte de la sociedad, obligando a la otra mitad de la sociedad a marcharse o callarse. ¿Nos imaginamos que en el minuto 19.78 alguien pudiera gritar “¡Viva la Constitución!” en el Camp Nou? Sería considerado una agresión.

Por su parte, en su mensaje de fin de año, el president Quim Torra llamó a los catalanes a “sublevarse” ante la “opresión” del Estado. ¿Debería replantearse el Gobierno su política de “distensión”?

El Gobierno hace bien en no reaccionar a los discursos de Torra, pero mal en no reaccionar a sus acciones concretas. Cuando con fondos públicos se pagan ayudantes de Puigdemont o viajes de Estado a visitarle, debería intervenir. Lo mismo con la presencia de lazos amarillos y pancartas por los presos en edificios públicos. También debería velar por la neutralidad de TV3, la despolitización de los Mossos y las escuelas, cosa que no hace y constituye una irresponsable dejación de funciones.

Torra también ha asegurado que en Cataluña “no hay un problema de convivencia, sino de democracia y justicia”. ¿Puede considerarse así?

Los independentistas han cometido el peor delito posible en una democracia: fracturar una sociedad y romper la convivencia, pisotear los derechos de la mitad de la población y negar su visibilidad pública. Su proyecto es iliberal y antidemocrático en su propia raíz. Restaurar la democracia y la justicia en Cataluña debería pasar por devolver la voz y el espacio público a la mitad de Cataluña y recuperar la neutralidad de las instituciones de todos.

Recientemente, el lehendakari Íñigo Urkullu ha defendido que la “fragilidad del Estado” se supera reconociendo su plurinacionalidad. ¿Es cierto?

La democracia española, a través de su Constitución, ya reconoce la existencia de una pluralidad de sentimientos de identificación nacional. De ahí regímenes de autogobierno tan profundo como los que tiene el País Vasco, casi únicos en el mundo. La pluralidad y su reconocimiento nos fortalece. Lo que nos debilita y nos hace frágiles son propuestas como las del lehendakari, que persiguen abrir una puerta para la desintegración. Igual que la democracia ya reconoce la pluralidad nacional, los nacionalistas vascos y catalanes deberían reconocer la pluralidad dentro de sus territorios. Quizá ellos solo se sientan vascos o catalanes, pero hay millones de personas que mantienen y quieren preservar identidades duales y que no tienen ningún problema en sentirse a la vez vasco y español, o catalán y español.

¿Y qué pasos debería dar el Gobierno para superar la crisis catalana?

Hay que invertir la pregunta: “¿Qué pasos deben dar los independentistas para superar la crisis catalana”? Primero, reconocer que lo ocurrido entre septiembre y octubre de 2017 fue no solo erróneo políticamente e irresponsable sino ilegal. Segundo, renunciar de forma clara y abierta a la unilateralidad. Tercero, dar voz y presencia pública a la mitad de la sociedad catalana a la que ignoran. No es un diálogo entre España y Cataluña lo que necesitamos sino dentro de Cataluña. Un diálogo que lleve al acuerdo sobre cómo compartir el poder y los espacios públicos. En mi opinión, no es España la que debe federarse con Cataluña sino Cataluña consigo mismo. Si queremos cerrar las heridas abiertas, que son muy profundas y han dejado a una sociedad dividida en dos comunidades, debemos lograr que esas dos comunidades acepten convivir sin excluirse mutuamente. Hay ejemplos de sobra de esa convivencia en países democráticos (Países Bajos, Bélgica).

Por tanto, la solución no es la bilateralidad España-Cataluña sino dentro de Cataluña. No hay una sola manera de ser catalán ni un solo pueblo. Los independentistas tienen que aceptar eso. Creen erróneamente que su único problema es elegir entre la independencia dentro o fuera de España pero eso no es real. Entre lo que tienen que elegir es entre una sociedad dividida entre dos comunidades separadas y en conflicto o una sociedad donde todos puedas vivir. La estatalidad no es la solución.

Por Óscar Benítez


‘Desde la aspillera’ es una recopilación de artículos de Joan Ferran, ex diputado del PSC, críticos con el secesionismo catalán desde una óptica de izquierdas. Se puede adquirir aquí.

 

 


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